La opacidad de los gobiernos es uno de los males que no solo los ciudadanos quieren erradicar, sino el propio aparato estatal se percata de esta necesidad, por ello es que desde hace 12 años la asociación nacional de entes de control interno, llamada Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, lleva a cabo, entre otras acciones, un esfuerzo que combina la transparencia con el cine, a través de un concurso anual llamado “Transparencia en Corto”, no sé si se deba a lo simbólico de los premios o la falta de difusión, pero el certamen no ha trascendido desde el punto de vista cinematográfico, ciertamente hay muchos esfuerzos loables, como Percepciones, de Eduardo Diego Sánchez, que obtuvo mención honorífica en el 2017 o Cadena de acciones de Óscar Alejandro Dávila Navarro, quien ganó el primer lugar en 2015, ambos pertenecientes al estado de Aguascalientes.
Los retos que enfrenta la materia en nuestra entidad son múltiples, en esta ocasión analizo tres indicadores que se consideran claves para elaborar una agenda de trabajo: Métrica de Gobierno Abierto 2017, elaborada por el Centro de investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Índice de Información Presupuestal Estatal 2017, creado por el Instituto Mexicano para la Competitividad; y el Índice Nacional de Organismos Garantes (Inogdai) 2016, desarrollado por Artículo 19 y México Infórmate.
La Métrica de Gobierno Abierto, elaborada por el CIDE en conjunto con el INAI, “parte de una definición operacionalizable de gobierno abierto que considera que un gobierno, para ser abierto, requiere que la información que transparenta sea realmente útil para el ciudadano, y que los mecanismos de participación permitan efectivamente involucrarse en las decisiones de sus gobiernos”. Los resultados del estado de Aguascalientes presentan claroscuros. Por un lado, se observa que el sujeto obligado mejor evaluado fue la Secretaría de Salud que obtiene una calificación de .78, mientras que, con la calificación más baja es Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales del Estado de Aguascalientes (Sutema) con una calificación de 0, San Francisco de los Romo obtiene una calificación sobresaliente en comparación con otras instituciones estatales, como la Secretaría de Agricultura, lo que muestra la necesidad de establecer un piso mínimo en las políticas de transparencia o participación ciudadana.
El Índice de Información Presupuestaria Estatal 2017 de IMCO busca medir la calidad de la información presupuestal y verificar el cumplimiento de las obligaciones contables de las entidades federativas. Dicho índice es de particular relevancia dada la opacidad en las finanzas de los gobiernos estatales y en particular en lo que respecta a la deuda, pero además porque nos recuerda que las obligaciones de nitidez, no sólo se engloban en la ley general, sino que existen otras normas como la de contabilidad gubernamental o de disciplina financiera que imponen también imperativos a los sujetos obligados. Aguascalientes se encuentra en el lugar 15 de las 32 entidades federativas evaluadas, que aunque implica un nivel de cumplimiento bueno, también demuestra que hay un amplio margen de mejora en la publicación de la información sobre las finanzas de los estados y municipios del estado.
El Índice Nacional de los Organismos Garantes (Inogdai) busca evaluar la labor de los organismos garantes en materia de acceso a la información pública. En dicho instrumento el ITEA obtiene una calificación de 49.6 (en una escala del cero al cien, donde cero es la peor calificación y cien la calificación más alta). Lo anterior coloca al organismo garante local en el lugar 25 de los 32 órganos garantes evaluados. El índice se construye con base en tres dimensiones: i) transparencia y rendición de cuentas, en el cual el ITEA obtiene una calificación de 60%; ii) promoción del derecho de Acceso a la Información, en el cual se obtiene una calificación de 33.3%, y iii) resolución de controversias, en donde se obtiene una calificación de 55.6%.
La revisión de estos tres índices brinda un panorama general sobre los desafíos que afrontamos para fortalecer la rendición de cuentas, pero no per se, las posiciones y los indicadores no son la finalidad en sí misma, sino que son potenciadores que permitirán a los ciudadanos no solo acceder a la información pública, sino que la utilicen para mejorar radicalmente su calidad de vida.
