- La democracia demanda que los ciudadanos puedan vigilar cómo se ejercen los recursos públicos y cómo se toman las decisiones
- El derecho a saber maximiza sustancialmente el derecho a elegir y, por tanto, refuerza la estructura democrática fundamental del Estado mexicano
La magistrada presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que, en un sistema democrático pleno, el escrutinio público sobre las instituciones debe ser una realidad inobjetable, incluyendo a las que imparten justicia. “Sin transparencia no hay certeza en la democracia”, dijo.
“La democracia en un país no se limita a la celebración periódica de elecciones ni a la renovación de cargos al interior de los órganos de poder: la democracia implica, además, asumir prácticas y acciones de transparencia en todas las instituciones públicas”, aseveró la magistrada Otálora Malassis en la firma del Convenio General de Colaboración entre el TEPJF y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La magistrada presidente Otálora Malassis, el presidente de la Comisión de Transparencia del TEPJF, magistrado Felipe Fuentes Barrera, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas y la comisionada Ximena Puente de la Mora, suscribieron el Convenio de colaboración, acompañados por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, así como los comisionados Areli Cano Guadiana y Óscar Mauricio Guerra Ford.
La magistrada sostuvo que la democracia demanda que los ciudadanos puedan vigilar cómo se ejercen los recursos públicos y cómo se toman las decisiones que a todos conciernen, así como supervisar que las distintas contrataciones y licitaciones se apeguen siempre a derecho. “La democracia también exige que las autoridades protejan los datos personales que obran en su poder, a fin de que no se haga mal uso de ellos y que no caigan indebidamente en manos de terceros”, expresó.
“El pleno de la Sala Superior del TEPJF, al instalarse formalmente en noviembre de 2016, señalamos que nuestras actuaciones siempre serán visibles antes todos, en el pleno respeto al principio de la transparencia que rige el actuar de todo servidor público del Estado mexicano. Asumimos públicamente el compromiso de entregar cuentas claras y transparentes de los recursos asignados al Tribunal, ese será siempre uno de nuestros compromisos, y éste ha sido y será la guía de nuestro actuar”, apuntó Otálora Malassis.
El derecho a saber y el derecho a elegir tienen una vinculación indisoluble en los sistemas democráticos
El magistrado Fuentes Barrera indicó que, en un sistema de libertades como el nuestro, quien más conoce, ejerce mejor sus derechos. Esta fórmula cobra especial relevancia cuando se trata de cuestiones electorales porque el conocimiento de los postulados de precampaña y campaña, por citar solo un ejemplo, lleva a los votantes a tomar decisiones informadas, dijo.
El magistrado destacó que los esfuerzos de las instituciones, cuya competencia es la electoral, no deben ceñirse exclusivamente a garantizar que se reciba esa información electoral, pues el compromiso incluye poner a disposición de la población elementos informativos de interés público, relacionada con la gestión, que abonen a la construcción de una cultura democrática.
“El derecho a saber maximiza sustancialmente el derecho a elegir y, por tanto, refuerza la estructura democrática fundamental del Estado mexicano”; por ello, el Tribunal Electoral debe hacer públicas las razones que le llevan a fallar en determinado sentido, así lo disponen las obligaciones de transparencia contenidas en el entramado legal en materia de transparencia.
Fuentes Barrera subrayó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con ejes rectores que atienden al quehacer institucional, dentro de los cuales está el abrir la transparencia al máximo de nuestras capacidades, en beneficio de la ciudadanía y como prioridad en el desempeño de las labores cotidianas, pues esa política judicial ha sido criterio unánime de los magistrados que integran el pleno de la Sala Superior.
El Convenio firmado por el TEPJF y el INAI se inserta en la decisión asumida por los magistrados de la Sala Superior de ser un Tribunal Abierto, a partir de la cual han adoptado el modelo de justicia abierta como uno de sus ejes de acción, con pleno convencimiento de que una ruta segura para fortalecer a las instituciones es su apertura permanente a la ciudadanía.
El Convenio tiene tres líneas de acción: 1) Trabajar conjuntamente para promover una cultura de legalidad, transparencia acceso a la información y protección de datos personales, a través de cursos de capacitación entre los integrantes de ambas instituciones y la edición de obras conjuntas; 2) Compartir estrategias de avanzada y mejores prácticas en la materia, como son las herramientas Comisiones Abiertas, Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México y Transparencia en Publicidad Oficial, entre otras; y 3) Fortalecer la colaboración y la comunicación entre ambos organismos, a través de la conformación de un Comité de Seguimiento, conformado por tres integrantes del TEPJF y tres del INAI, para dar continuidad a los proyectos que emprendan.
Con información del TEPJF
