- Al ser un acto soberano debe esgrimirse a través de un juicio de amparo
- Poder Judicial del estado duda que reformas laborales se presenten en el tiempo señalado por el Congreso de la Unión
Impugnaciones a la convocatoria y participantes al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que se presentó en el Congreso del Estado deberá canalizarse a un juicio de amparo.
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, explicó que la instancia tampoco podría ser un asunto que se resuelva a través de la Sala Administrativa local ni al Poder Judicial estatal al tratarse de un acto soberano, y en consecuencia el único medio de impugnación es el juicio de amparo ante los tribunales federales: “Si alguna persona está inconforme con la designación o con la manera con la que se determinó entonces la única manera de recurrirse es en juicio de amparo, por considerar que tal vez hubo violación al procedimiento o a algún derecho humano fundamental en específico”, detalló el magistrado.
Ponce Sánchez se refirió a las reformas laborales, asunto que sigue varado en el Congreso de la Unión y que se ha convertido en un ejemplo de incongruencia al fijarse plazos y requerimientos que a la fecha no se cumplen, pues los legisladores federales no han dado muestra de avance a pesar de que el plazo máximo para que presenten las adecuaciones es el 25 de este mes.
“Debemos entender todos que la Carta Magna es imperativa y no da la oportunidad de su no cumplimiento, comenzando por aquellos que la modifican e intervienen en su creación (…) ojalá el Congreso -de la Unión- dé ejemplo de que ellos son los primeros sometidos al mandato de la Constitución, pues desde el año pasado se ha hablado de esas reformas, febrero ya llegó y el tiempo no perdona”, manifestó el titular local del Poder Judicial.
Externó que de forma general existe una gran deuda gubernamental hacia la sociedad en cuanto al cumplimiento de lo que mandata la máxima ley, como es generar mejores condiciones de vida a los mexicanos en lo social, familiar, laboral y sus derechos más elementales, lo que no se ha cumplido con cualquier pretexto de orden económico o político.
Expuso que en el ámbito que a él le toca, también se queda mucho a deber, pues se indica el derecho a tener una procuración de justicia pronta y expedita, “se cuestiona si se necesita una nueva Constitución, pero pienso que lo que tenemos que hacer es guiarnos por ella y todos los funcionarios cumplamos lo que en ella se mandata”.
