Muchos contras y pocos pros en la consulta pública sobre Bosque de Cobos en Aguascalientes

 

• Más de 100 preguntas y 12 ponentes bombardearon a los responsables del proyecto inmobiliario
• Admiten empresarios errores en el manifiesto de impacto ambiental, uno de ellos es el número de viviendas
• Admiten que se removerán más de 36 mil matorrales y diez mil mezquites; prometen reforestar
• Se tienen detectadas 20 especies de aves, nueve de mamíferos y seis de reptiles que serán ahuyentados del sitio de las obras

 

Con una copiosa asistencia, este miércoles la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevó a cabo la reunión pública informativa con motivo de la construcción de un fraccionamiento en el Bosque de Cobos.

Al evento, que tuvo lugar en un hotel ubicado en Héroe de Nacozari casi esquina con Primer Anillo, se dieron cita organizaciones ambientalistas, catedráticos, estudiantes y ciudadanos interesados en el tema.

La reunión arrancó con la descripción por Mauricio Liévanos Núñez y Rodrigo Vázquez de la Torre representantes de los despachos Ambientat Consultores y Geo Asset -respectivamente- autores de la manifestación de impacto ambiental ingresada a Semarnat a principios de este año.

El proyecto inmobiliario denominado Los Cobos constará de once mil nueve viviendas predominantemente de tipo popular -aunque según los documentos son 7 mil 600- a edificarse en 17 etapas a lo largo de casi 14 años, en una superficie de 124 hectáreas.

Los predios, localizados al sur de la zona metropolitana y a cinco kilómetros del entronque con avenida Siglo XXI por avenida Héroe Inmortal, lindan con la zona de tolerancia y están localizados en un área de recarga media de agua que registra la infiltración de 54 mil 841 metros cúbicos por año.

El desarrollo habitacional promovido por Banco Interacciones y GIG Desarrollos Inmobiliarios se proyecta en una zona en la que se tienen detectadas 20 especies de aves, nueve de mamíferos y seis de reptiles -algunos en riesgo de extinción- a los cuales se planea ahuyentar y reubicar.

Su construcción costará mil 250 millones de pesos y promete la generación -temporal- de cinco mil empleos.

Aunque el manifiesto de impacto ambiental no especifica la vegetación a remover, durante la reunión pública se informó que 36 mil 160 ejemplares serán retirados: 323 biznagas ganchudas (Mammillaria uncinata), 969 arbustos (crotones) seis mil 134 cardenches (Cylindropuntia imbricata), siete mil 103 galinsoga quadriradiata y 21 mil 631 nopales clasificados en cinco especies. Más tarde, a petición del público, finalmente se dio a conocer que el proyecto también contempla el derribo de alrededor de diez mil mezquites adicionales a lo antes informado.

No obstante, los empresarios prometen rescatar 29 mil 603 individuos y realizar un plan de reforestación con hasta un 80 por ciento de supervivencia, porcentaje que a juicio de los especialistas es sumamente ambicioso.

 

Más de cien preguntas bombardearon a los defensores del fraccionamiento

Tras la explicación técnica, se procedió con la fase de preguntas y respuestas donde los asistentes bombardearon con más de cien preguntas y recomendaciones sobre diferentes aspectos del proyecto inmobiliario, siendo una de las más recurrentes el porqué de edificar en este punto específico y no en otro con un menor impacto ambiental, o bien, por qué no aprovechar las más de 36 mil viviendas deshabitadas en el estado.

En respuesta a lo anterior, los empresarios argumentaron que se estudió la oferta y la demanda; en cada etapa se construirán de 400 a 600 lotes con costos de 300 mil a un millón de pesos; el 80 por ciento tendrá un esquema de vivienda vertical dúplex y triplex. En otro momento, se les recomendó optar por un modelo residencial campestre en el que se respete la mayor flora posible.

En repetidas ocasiones se preguntó cómo garantizar el abasto de agua a los 30 mil a 48 mil personas que habitarán el fraccionamiento, a lo que respondieron que se irá dotando de agua conforme se desarrolle el proyecto, mismo que está abierto a modificaciones; en una primera fase se recurrirá al pozo 79 de Ccapama que surte también a las comunidades Relicario y Malacate, y posteriormente, se perforarán más pozos.

Los promotores desconocieron cuántas toneladas de dióxido de carbono (CO2) dejarán de captarse por el derribo de árboles con la tala de más de 36 mil árboles y matorrales, lo que generó inconformidad entre las asociaciones Guardabosques de Bosque de los Cobos, Conciencia Ecológica de Aguascalientes y Movimiento Ambiental.

Las organizaciones exigieron además aclarar la cantidad de viviendas que prevé el proyecto inmobiliario dado que los estudios ambientales se hicieron sobre siete mil 600 viviendas, cuando los empresarios hablan de más de once mil, con lo que el impacto ambiental sería mayor al descrito. Los promotores dijeron que esta inconsistencia sólo es un error.

Entre las medidas de mitigación que enlistaron para paliar los efectos adversos en la recarga de agua se encuentra la colocación de 50 presas de piedra acomodada, 32 zanjas trinchera y varias tinas ciegas.

Además, negaron la descarga de aguas residuales al arroyo Los Cobos toda vez que este líquido se destinará al riego de áreas verdes.

Negaron irregularidades en la obtención del permiso de cambio de uso de suelo -obtenido en 2016- y sobre el por qué aferrarse a edificar en una zona susceptible a la protección ambiental, argumentaron que los predios son de su propiedad y hasta el momento no han sido alcanzados por ninguna declaratoria.

A la interrogante sobre la biodiversidad fósil detectada en el predio, respondieron que la parte paleontológica no tiene nada que ver con el manifiesto de impacto ambiental; sin embargo ante la presión del público aseguraron que se pretende extraer todo este material que se exhibirá en un museo en el mismo fraccionamiento.

Acerca de daños en las viviendas por inundaciones, reblandecimiento de terreno o fallas geológicas, la empresa rechazó haber detectado riesgos de esta naturaleza en los terrenos.

También negaron, a pregunta del público, la existencia de humedales en el sitio que se pretende urbanizar, a pesar de que a 10.5 kilómetros al suroeste se encuentra un ecosistema de este tipo protegido por la convención internacional Ramsar.

Se les inquirió cuánto pagaron al Fondo Forestal Mexicano por el derribo de árboles, a lo que precisaron fue un monto de 6.5 millones de pesos; por el contrario, se reservaron los costos acumulados del trámite.

José Cabral Moreno, apoderado especial de la fiduciaria Banco Interacciones, fue además increpado por haber declarado a medios de comunicación -entre ellos La Jornada Aguascalientes– que es imposible la subsistencia de fauna salvaje por las actividades humanas de los alrededores tales como el lince rojo, cuando incluso se tiene respaldo documental de su presencia.

Aunque precisaron que los estudios medioambientales fueron hechos por un equipo multidisciplinario conformado por abogados, biólogos, ingenieros forestales y geomáticos, en varios momentos del cuestionario se instaló el silencio, sugiriendo un desconocimiento en materia de zoología, hidrología, botánica, sustentabilidad y servicios ambientales.

Debido a la que la cantidad de preguntas formuladas en la consulta pública, la delegación de Semarnat solicitó extender la sesión de preguntas y respuestas, propuesta que fue aceptada por los promotores.

 

12 ponentes aportaron sus puntos de vista sobre la urbanización de Cobos

La reunión pública contó con la participación de doce ponentes que analizaron las diferentes aristas del proyecto inmobiliario:

El activista Agustín Bernal Inguanzo habló sobre la incompatibilidad del fraccionamiento con el Plan 20-40; Rossana Bernal Martínez, exploró los posibles impactos de la descarga de aguas residuales; Marco Alejandro Sifuentes Solís, catedrático, de la omisión del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico en la manifestación de impacto ambiental; Felipe de Jesús Horta González, sobre la situación del proceso de evaluación de impacto ambiental; Jorge Rosales Hernández, sobre la vinculación de los estudios.

Además, la bióloga Guadalupe Castorena Esparza abordó la biodiversidad en la zona; Víctor Hugo Salazar Ortiz, observaciones al estudio presentado por los promotores; Sofía González Ponce, el derecho humano a un medio ambiente sano; Miguel Velázquez Sánchez, las afectaciones al patrimonio de la nación; Adrián Castillo Serna, profundizó sobre las consecuencias en el ecosistema; Jaime Gallo Camacho, director del Implan, habló sobre planeación sustentable y Héctor Blanco García, aportó una visión global del tema del agua.

Al término de la reunión, se elaboró un acta circunstanciada como lo prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de impacto ambiental.

Antes de que la autoridad dicte una resolución sobre el proyecto, los asistentes podrán formular observaciones por escrito que la Semarnat deberá anexar al expediente.

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