- Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción interpuso un amparo contra las legislaciones con irregularidades
- En Aguascalientes destacan mecanismos para diluir la participación de la ciudadanía, al dar voz y voto a titulares de Contralorías Municipales
La ley que da soporte al Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes continúa impugnada ante un juzgado federal.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) interpuso un amparo contra los ordenamientos de la mayoría de los estados del país -incluido Aguascalientes- a fin de que la justicia federal les obligue a corregirlos, adecuándolos a lo establecido por la Constitución y la Ley General del SNA .
En Aguascalientes son dos los actos reclamados:
1) Integración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Tiene que ver con mecanismos para diluir la participación de la ciudadanía del Comité Coordinador del SEA, a través de un Comité de Participación Ciudadana con niveles de participación inferiores al 14.78 por ciento [un integrante de siete en total].
El Congreso del Estado incluyó a los titulares de las Contralorías Municipales -o quien sea designado de conformidad con sus disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos- como integrantes del Comité Coordinador del SEA, lo que viola la Constitución y la Ley General del SNA, que no prevé que estos órganos formen parte o se consideren como integrantes del Comité Coordinador.
“En el SNA son siete miembros: auditor superior de la Federación, secretaria de la Función Pública, presidente del INAI, representante del Consejo de la Judicatura Federal, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fiscal anticorrupción y presidenta del CPC. Esto significa que el nivel de participación ciudadana en el Comité Coordinador del SNA, a través de la presidenta del CPC, es del 14.78 por ciento -una integrante de siete-”.
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos y la Ciudad de México se encuentran en situaciones parecidas.
2) Falta de presupuesto.
En el amparo se reclama al Poder Legislativo de Aguascalientes la omisión de efectuar adecuaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal de 2017, a fin de proveer de recursos humanos, financieros y materiales para el arranque de la Secretaría Ejecutiva del SEA hasta el 18 de julio de ese año, con lo que se incumplió el mandato constitucional.
El 7 de agosto de 2017, este juicio de amparo bajo la modalidad de interés legítimo fue promovido ante el juez Cuarto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, por el Comité de Participación Ciudadana del SNA, conformado por Jacqueline Peschard Mariscal, Mariclaire Acosta Urquidi, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández Valdéz.
Además de las leyes de los sistemas anticorrupción de los estados, un segundo amparo va dirigido contra leyes estatales de responsabilidades administrativas poco claras, pero Aguascalientes no figura dentro de este supuesto.
Con esto: “Se deja en manos de un tercero imparcial -el Poder Judicial de la Federación- la determinación del nivel de empoderamiento de la ciudadanía en el combate a la corrupción. En su momento, lo ideal sería que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien lo definiera”.
Producto de este recurso legal, la justicia federal obligó al Congreso de Tlaxcala a expedir su ley estatal en materia de combate a la corrupción y le impuso el 29 de abril como fecha límite.
Avances de Aguascalientes en materia anticorrupción
La entidad aún tiene pendiente la creación del Comité Coordinador y el secretario ejecutivo, para concluir con la estructura operativa del SEA. La Comisión de Selección, el CPC y el titular de la Fiscalía Anticorrupción ya se encuentran en funciones.
Además, sólo le falta por actualizar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para completar el marco jurídico del sistema anticorrupción, de acuerdo con una medición del Comité de Participación Ciudadana del SNA.
Sólo once entidades federativas han concluido con la instalación de la estructura operativa (sin incluir al fiscal anticorrupción) son Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. El 30 de junio de 2017, Querétaro se convirtió en el primer estado en tener su sistema anticorrupción completo.
