Con motivo de la Reforma Energética impulsada por el actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, la privatización y concesión del agua a perpetuidad en México es casi una realidad que permitiría coronar dicha reforma, pues actualmente se está legislando en el Congreso de la Unión el borrador con matices de iniciativa de Ley de Aguas Nacionales o Ley General de Aguas, conocida también como Ley Pichardo, pues es el diputado federal por el PRI, José Ignacio Pichardo Lechuga, quien intenta concretar la aprobación de dicha normatividad, de ahí que su apellido paterno le ha otorgado la denominación a esta iniciativa.
Esta propuesta de Ley, tiene la total intención de regular un bien hasta ahora común, como lo es el agua, para otorgárselo a perpetuidad a un grupo selecto, las grandes compañías mineras y corporaciones internacionales petroleras, con el objetivo de garantizar agua suficiente a estas para realizar fracking en el territorio nacional, técnica con la que se posibilitaría la extracción de gas y petróleo del subsuelo hasta ahora no explotados, que gracias a la fracturación hidráulica que requiere grandes cantidades de agua para su ejecución, entre 9 y 29 mil metros cúbicos de agua para perforar tan sólo un pozo, podrían ser accesibles para los intereses comerciales de dichas corporaciones.
La Ley Pichardo que hoy se está discutiendo en el Poder Legislativo Federal y que podría ser aprobada fast track o de inmediato, es básicamente una copia ampliada de la Ley Korenfeld que se intentó aprobar en 2015, y que tenía al igual que la actual Ley Pichardo, una serie de artículos claramente privatizadores del vital líquido, violatorios de derechos humanos y a todas luces opuestos al ideal por garantizar la accesibilidad al agua para todos en territorio nacional, particularmente a la gente de escasos recursos. Lo que encendió en aquel entonces una alerta entre los académicos, expertos y defensores del derecho humano al agua, desencadenando una serie de reclamos de la sociedad civil organizada, que provocó que dicha iniciativa fuera a dar a la congeladora legislativa, hoy metafóricamente, cuando las aguas se calmaran, está siendo retomado por el PRI, mediante la Ley Pichardo, encendiendo nuevamente las alertas sociales ante esta alarmante propuesta de Ley General de Aguas.
La privatización extrema del agua a particulares mediante la entrega de pozos y manantiales a perpetuidad, el aumento de las tarifas para uso doméstico, la regulación del consumo personal y doméstico al que se restringiría el acceso al agua, la penalización, regulación y prohibición que se establece a quienes realizan investigación en materia de agua en el país, evidencia claramente que debemos tener cuidado con la aprobación de la nueva Ley Pichardo, pues incluso esta rebasa los excesos de la Ley Korenfeld del 2015, es decir, debemos tener aguas con el agua, porque si la Ley Pichardo es aprobada tal y como se pretende, se estaría como siempre beneficiando con un negocio redondo a las clases más económicamente pudientes en el país, perjudicando como se ha vuelto costumbre a los que menos tienen y a los más desprotegidos.
Así, la Ley Pichardo, no solamente sería violatoria, sino que pondría en riesgo lo consignado por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona en México tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y además vendría a contradecir varios tratados y acuerdos internacionales firmados por México y ratificados por el Senado del país, entre ellos la Declaración de Mar del Plata, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, las Convenciones de Ginebra y sus protocolos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, vulnerando aspectos subyacentes al derecho humano al agua, tales como la no discriminación, la asequibilidad, la accesibilidad, la calidad y la disponibilidad de todos los que habitamos el territorio mexicano.
Reflexionemos, si en verdad queremos y necesitamos tener vigente una Ley que restrinja para cada persona en todo el territorio nacional el acceso solamente a 100 litros por persona al día, cifra que huelga decir se encuentra por debajo de los 150 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud como lo mínimo necesario para apenas satisfacer las necesidades de un individuo en un lapso de 24 horas, situación a la que se puede sumar, si se aprueba la Ley Pichardo, que ahora los municipios no te presten el servicio de agua potable, sino que lo hagan particulares, como ya ocurre en varias partes de la República Mexicana, que tengan la concesión perpetua de pozos y manantiales y que solamente le otorguen agua a quienes tengan para pagar este recurso, dejando secos a los que de por sí, ya viven con escasez de agua gran parte del año.
