- Fue aprobada por el Congreso del Estado reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes
- Reforma de ley incluye no solo el daño económico y patrimonial, sino también el daño moral y sicológico
Los diputados del Congreso local avalaron por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia con el que se reforma la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes, que establece que las personas físicas o morales, que sean concesionarias y prestadoras de servicios públicos, serán responsables del daño económico, material, financiero e inclusive moral o sicológico, que causen a terceros y estarán obligados a resarcirlos.
El presidente de dicha comisión legislativa, Jaime González de León, explicó que la importancia de dicha Ley de Responsabilidad Patrimonial es que establece que en caso de que las autoridades, dentro del ejercicio de su responsabilidad, en su actuar dañen de alguna manera a algún particular, ya sea de forma económica, patrimonial y de cualquier índole, las autoridades tienen la obligación de resarcir ese daño.
“La ley no contemplaba en esquema de los concesionarios, entonces ahora estamos metiendo a todos aquellos particulares que brinden un servicio público, a través de la figura de una concesión, también les aplica esa ley”, explicó el diputado panista.
Al hablar de casos específicos, como sucede en la ciudad de Aguascalientes los casos del transporte público y la empresa concesionaria del agua, en caso de que dañen a algún ciudadano, no solo en lo económico y lo patrimonial, pues a la ley se le agregó también el daño moral y sicológico como parte de los aspectos que deberá ser motivo de reparación del daño.
“Todo esto no se evalúa, no por parte de la autoridad ni por parte del ciudadano, sino por parte de peritos expertos y a través de estudios y análisis para determinar si después del actuar de la autoridad o de la empresa concesionaria hubo algún daño sicológico, moral o de cualquier índole”, explicó el diputado panista.
Ahora todos esos concesionarios que se creían que no podían ser tocados, entran en esa bolsa de responsabilidad patrimonial, por lo que habrán de responder ante cualquier daño que causen con su actuar a los ciudadanos.
