- La autoridad no está facultada a violar derechos humanos: Cedha
- Se ha emitido una recomendación en lo que va del año y están en puerta entre 10 y 12 adicionales
La autoridad debe hacer todo aquello a lo que la ley la obliga o se lo permite, sin embargo, esto no debe ser por encima de los derechos humanos de las personas; el ombudsman, Asunción Gutiérrez Padilla, señaló que si bien no pueden entrometerse en las funciones con que cumplen las corporaciones de seguridad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe observar que no entrañe una violación a derechos humanos, es decir, “no se puede cumplir con una obligación violando derechos humanos”.
Precisó que desde que asumió el cargo a la fecha, se ha recibido alrededor de 50 nuevos expedientes ante la Cedha, de los cuales se registra mayor incidencia en contra de la Policía Municipal, debido a quejas sobre la forma en que detienen a las personas, cómo aplican las multas, entre otras; se ha emitido una recomendación y están en puerta entre 10 y 12 recomendaciones adicionales, aunque de las mismas no reveló más detalles por ser de carácter confidencial en tanto no sean dirigidas a la instancias competentes.
Precisó que apenas la semana pasada se recibió la queja de una persona que fue presuntamente agredida por los uniformados al momento de la detención; detalló que se integran las carpetas con la ratificación del quejoso, se piden los informes y actualmente está en integración.
Exhortó a la Policía Municipal a cumplir con su deber sin violar los derechos humanos, si bien dijo que es una instancia que se debe respetar por la autoridad que representa; dijo que ya se ha llevado a cabo un encuentro con el director del C4, Carlos España, para hacer este apercibimiento. “La Comisión no está para decirle qué hacer a la autoridad, está para tutelar el respeto a los derechos humanos, que el cumplimiento de su deber no entrañe violación a garantías fundamentales”.
Gutiérrez Padilla consideró que la llamada operación barredora, que se ha implementado por la Policía Municipal para detectar por las calles a quienes incurren en faltas administrativas, tiende a ser disuasivo, pero no debe implicar el que se vulneren los derechos delas personas; recalcó que la constitución establece que las garantías deben ser respetadas, por lo que de detectarse violaciones a las mismas, se integrarán carpetas de investigación y se harán las recomendaciones necesarias de resultar dicha responsabilidad.
Enfatizó que no puede ser materia de delito la apariencia de las personas, su forma de vestir o la visibilidad de sus tatuajes, son estigmas que no deberían de existir, por lo que dijo que la autoridad se debe conducir con responsabilidad y calificar la conducta de las personas, por lo que cuando haya la comisión de algún delito, siempre y cuando se detecte en flagrancia, puede detener a las personas, o ante la comisión de una falta administrativa; “no somos enemigos de la autoridad, solamente pretendemos que en su actuación haya legalidad y la autoridad no está facultada a violar derechos humanos”.
