El problema de corrupción en nuestro país es bastante grave. En promedio, uno de cada dos mexicanos que ha tenido contacto con una institución de seguridad pública ha dicho ser víctima o cómplice en un acto de corrupción policial de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. De hecho, según ésta misma investigación, la policía es percibida como la institución más corrupta de todas.
Los especialistas advierten que los factores claves que favorecen la corrupción son varios, por un lado, la falta de leyes y mecanismos claros de disciplina y sanción; por el otro, la ausencia de protocolos para el uso de la fuerza y la carencia de unidades de investigación que efectivamente sean independientes.
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló una medida que a muchos preocupa. Los ministros dieron su aval para que la policía pueda hacer revisiones a personas y vehículos sin la existencia de una orden judicial previa en el desarrollo de la investigación de un delito.
Los ministros destacan en la iniciativa que estas inspecciones las realizarán siempre y cuando haya sospecha “razonable” o flagrancia, y dejan claro que no por la apariencia física de un ciudadano, aunque esto se vislumbra bastante complicado de llevar a la práctica.
¿Cuáles son los casos en los que se requiere ese control judicial a cargo de los jueces? “Lo son todas aquellas técnicas de investigación, medidas cautelares o providencias que por su grado de afectación sobre los derechos humanos deban ser analizadas y aprobadas previamente por la autoridad judicial, quien las calificará en la proporcionalidad y medida del caso concreto”, explicó el ministro presidente, Luis María Aguilar.
La noticia ha causado mayor controversia porque además la Constitución Política de México suscribe en el primer párrafo del artículo 16, justamente lo opuesto a lo que fue avalado por la Corte: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Los ministros justificaron que para que las inspecciones que realice la policía sean válidas debe existir, previas a su práctica, la sospecha razonable de que, en ese momento, los sujetos estén cometiendo un delito; es decir, que se esté en presencia del delito flagrante.
“Se permitirá la inspección cuando exista sospecha razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga”, agrega la iniciativa.
Queda claro que el sistema de leyes y reglamentos que rige la actuación de los policías en los estados presenta múltiples deficiencias. Hay entidades donde ni siquiera existen estas normas que regulen los sistemas disciplinarios, es decir, no hay un reglamento que explique cómo debe de aplicarse lo que las leyes anticorrupción dicen. Tampoco se tiene claridad sobre qué sanción corresponde a cada falta y el motivo para ello.
A esto se suma en contraparte que en casi todos los casos no existe un sistema que contemple la reparación del daño cuando un policía es erróneamente acusado, e incluso no existe la posibilidad de impugnar una sanción.
En las secretarías de Seguridad Pública de los estados se fomenta muy poco la denuncia ciudadana de los hechos de corrupción e incluso, aunque ésta existe, hay prácticas que no contribuyen a que se realice.
Tampoco existen a nivel institucional programas para prevenir hechos graves de corrupción. No hay capacitación adecuada a los policías sobre el respeto a los derechos humanos y en consecuencia instancias como la CEDH reciben de manera periódica quejas a propósito de la actuación de los policías.
No podemos negar que la delincuencia crece y las formas en las que operan aquellos que infringen las leyes son diversas y complejas, sin embargo, el no contar con elementos confiables en nuestras dependencias de seguridad provoca que medidas como ésta sean recibidas con repulsión.
