15/07/2020


 

  • Ese dinero debió usarse para profesionalizar policías, prevenir delitos, mejorar la búsqueda de personas desaparecidas y adquirir infraestructura y equipo policiaco
  • En 2016 Aguascalientes recibió 105 millones 556 mil pesos por concepto del FASP

 

En 2016, el gobierno estatal no ejerció 33 millones 53 mil 505.83 pesos etiquetados para seguridad pública, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la revisión 508, en el último año de la administración de Carlos Lozano de la Torre no se aplicó el monto procedente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuyos objetivos son: profesionalizar policías, fortalecer el sistema penitenciario, desarrollar sistemas forenses, diseñar políticas públicas encaminadas a prevenir la delincuencia, especializar a instancias responsables de la búsqueda de personas desaparecidas, implementar el sistema de justicia penal acusatorio y adquirir tecnologías, infraestructura y equipamiento policiacos, entre otros.

Por lo anterior, la ASF solicitó al gobierno de Aguascalientes (actualmente a cargo del panista, Martín Orozco Sandoval) demostrar la aplicación de los recursos no devengados y pagados a la fecha de la revisión, conforme la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales aplicables, según la tercera entrega de resultados a las revisiones a la cuenta pública 2016.

En ese ejercicio fiscal, Aguascalientes recibió 105 millones 556 mil pesos por concepto del FASP, con lo que las anomalías ascienden a casi un tercio de esta bolsa.

El órgano fiscalizador revisó una muestra de 57.4 millones de dicho presupuesto federal, que representaron el 54.5 por ciento del total. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado y pagado el 46.8 por ciento de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2017, aún no se devengaba y pagaba el otro 32 por ciento restante.

Por lo anterior, la ASF observó que hubo incumplimientos a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, por lo que las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

El gobierno de Aguascalientes “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, detalla el reporte.

En conclusión: “El Gobierno del Estado de Aguascalientes, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

No obstante, la Auditoría Superior reconoce que la autoridad estatal cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, al haber entregado con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.

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