- Un asunto jurídico no debe vincularse con el tema electoral
- Taxistas que esperan que se liberen concesiones al ser revocadas son doblemente victimizados
Poner en pausa el proceso para revocar las concesiones de taxi otorgadas con inconsistencias en la pasada administración estatal hasta que pase el proceso electoral, como anunció la Secretaría General de Gobierno, resulta un razonamiento equivocado y desafortunado, ya que un asunto jurídico no tiene por qué vincularse con el tema electoral, señaló Iván Sánchez Nájera, secretario de la Comisión de Transporte Público del Congreso del Estado, al destacar que tras esta situación está un gremio muy afectado, al cual se le hizo una promesa de que este proceso sería resuelto en unos meses y ya pasó más de un año y los taxistas siguen en espera de ver liberadas algunas concesiones: “Con esta proyección, prácticamente se les está diciendo que se tardarán otros dos años, mientras que las concesiones (con inconsistencias) siguen trabajando y al final siguen siendo afectados. Esto es alargar el proceso de victimización que han sufrido los taxistas”, apuntó el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Desde que el exgobernador Carlos Lozano de la Torre les prometió otorgarles las concesiones y les solicitó su documentación, para al final fueran otorgadas a políticos, dijo, ya han muerto dos personas en este proceso, y mientras tanto les piden que sigan teniendo paciencia, lo que consideró muy fácil si no se vive con esa necesidad: “Ojalá que lejos de esto, mejor los abogados aceleren el proceso y entiendan que es un proceso jurídico totalmente independiente a campañas políticas y demás”, subrayó el perredista.
Expuso que sobre este asunto son muchos los rumores que existen alrededor, sin que se sepa de bien a bien el verdadero escenario, por lo que conminó a la autoridad a esclarecer esto, a la vez que se trabaje con un estudio de impacto y se determine cuántos son los taxis que realmente se requieren en Aguascalientes, pues sería lamentable que al final se acaben revocando X número de concesiones, que deberían ser las 418 que se otorgaron, y resulte que no se pueden entregar a los afectados.
En cuanto a las denuncias a los funcionarios de la pasada administración estatal, Sánchez Nájera destacó que con la llegada de un nuevo contralor, de un nuevo fiscal anticorrupción y el recién nombrado fiscal general, resultaría terrible que al final no pasara nada, ya que la impunidad afecta a todos y el mensaje de que a pesar de una mala actuación no pasa nada, debe de parar y dejar de una vez por todas de lado que sólo se emitan declaraciones.
