- Por cada 100 mil habitantes debe haber 16 jueces; en Aguascalientes sólo hay 3.34 magistrados
- La materia de justicia penal es atendida por sólo nueve jueces para todo el estado
El estado tiene un importante déficit de jueces, pues por cada 100 mil habitantes cuenta con 3.34 jueces, muy por debajo de los 16 que se registran en el ámbito nacional; además la materia son nueve jueces para atender a un millón 300 mil habitantes, lo que representa un rezago de 35 años en el tema de administración de justicia, informó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Juan Manuel Ponce Sánchez, al referir un estudio de la Universidad de las Américas Puebla, en la que detalla que la cifra es cinco veces más baja en jueces de materia penal, los encargados de perseguir delitos, pues solo hay nueve de ellos en todo el estado, lo que da un índice de 0.69 jueces por 100 mil habitantes.
Explicó que este déficit sería aún más grave si la Fiscalía fuera más productiva, pues en la actualidad se entregan tres mil casos anuales al Poder Judicial, de las más de 27 mil denuncias que hacen los ciudadanos.
Ponce Sánchez reconoció que faltan decenas de jueces en materia penal, pero exigió a los diputados locales y al gobierno estatal que analicen aumentar el presupuesto del Poder Judicial si es que desean combatir la impunidad, pues si se quisiera alcanzar el ámbito mundial, se requeriría un total de 208 jueces para Aguascalientes.
“Requerimos la comprensión de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Y no solamente en el tema económico, que significa tener nosotros mayor número de jueces; sino el tema de infraestructura, el tema de lo que es administración de justicia y el tema de la gestión. Porque mientras no alcancemos esos estándares, no estamos cumpliendo los mandatos a nivel nacional”, manifestó Ponce Sánchez.
Reforma de ley para robo a casa-habitación y automotores
El magistrado presidente señaló actualmente el delito que más lastima a la sociedad el de robo a casa- habitación y vehículos particulares, pues afecta en lo particular a la ciudadanía.
El magistrado consideró la necesidad de reformar la ley en materia penal, trabajo que compete a los diputados, “necesitamos que se modifiquen las legislaciones penales a efecto de que se consideren de prisión preventiva oficiosa, y esas personas permanezcan en prisión durante todo el proceso. La gente que es señalada como probable responsable de la comisión de un delito, el asunto llega con nosotros, nosotros giramos órdenes de aprehensión, y tarde que temprano se cumplimentan”.
