- Propone iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley General de Protección de Datos Personales para endurecer sanciones por el uso discrecional de información personal
La diputada Arlette Muñoz Cervantes planteó una iniciativa de reforma a la Ley General de Protección de Datos Personales y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para endurecer las sanciones en contra de los servidores públicos que usen los datos personales de manera discrecional.
Lo anterior a raíz del tratamiento que dio la PGR al video del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
Y es que dijo, “al usar las instituciones con fines políticos sólo se vulnera el Estado de Derecho que debe prevalecer en un proceso electoral y aumenta incertidumbre”.
Destacó por ello que los servidores públicos que incurran en la divulgación de información personal registrada a través de cualquier medio, sin el consentimiento correspondiente, deben ser sancionados de manera ejemplar e incluso ser inhabilitados de manera permanente: “Hoy es Ricardo Anaya el blanco de las filtraciones de la Procuraduría General de la República, pero si toleramos estas prácticas, la información personal de los mexicanos puede ser usada a conveniencia y de manera discrecional”.
Detalló por lo anterior que la iniciativa adiciona un artículo 55 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para establecer como una falta grave el que los servidores públicos divulguen o faciliten información sin el consentimiento del involucrado.
Aunado a ello se adiciona una artículo 82 Bis y un párrafo XV al artículo 163 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para prohibir que los responsables del manejo de datos personales divulguen información sobre una averiguación o carpeta de investigación.
De igual forma, precisó, se fija una responsabilidad directa y se endurecen las sanciones administrativas para los responsables del manejo de información personal que incurran en la divulgación de datos, así como de grabaciones de audio y video, por causas distintas a los supuestos de excepción contemplados en la Ley.
La diputada federal pidió al Gobierno de la República a privilegiar la institucionalidad y dejar que el curso del proceso electoral corra bajo sus propios cauces: “Son los candidatos y las autoridades electorales quienes deben marcar el ritmo del actual proceso electoral, en los términos que la ley establece. Usar la información personal de forma discrecional en medio de las elecciones sólo vulnera el Estado de Derecho y genera incertidumbre en un proceso que ya de por sí es complejo por la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones”.
