- La Comisión de Gobernación aprobó este martes el dictamen emanado del tricolor; PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se oponen
- El presidente Enrique Peña Nieto ha querido componer sus malas calificaciones con presupuesto público, denuncia diputado federal panista
El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge López Martín, acusó a el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados de impulsar una Ley de Publicidad Oficial que da pie a la permanencia del gasto opaco y excesivo en ese rubro.
Este martes, la Comisión de Gobernación aprobó con 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el dictamen emanado del tricolor para regular la propaganda gubernamental.
El representante popular explicó que se formularon dos propuestas de marco normativo, una del Revolucionario Institucional y otra de las bancadas PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que en el proceso electoral conforman la coalición Por México al Frente.
El artículo 5 de la minuta establece que la Secretaría de Gobernación (Segob) federal definirá en sus lineamientos los criterios de selección de los medios de comunicación correspondientes, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, así como objetividad e imparcialidad. La Segob también se encargará de administrar y dar seguimiento al uso de los Tiempos de Estado y de los Tiempos Fiscales.
Además, el artículo 7 prevé exentar de regulación de esta ley los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales que deban publicarse o difundirse por mandato legal.
Según Jorge López, la alianza liderada por el partido blanquiazul se inclina hacia topar el presupuesto para publicidad oficial: “De manera concreta, nosotros estamos proponiendo que este gasto no vaya más allá del cinco por ciento, sin embargo, el PRI quiere seguir ampliando la publicidad gubernamental y nos encontramos inmersos en esta discusión entre estas dos partes y yo confío en que las necesidades de la población pueden ser el fiel de la balanza y que llame a la conciencia de los priistas y podamos tener una nueva Ley de Medios de Comunicación conveniente, que no derroche y que también tenga mecanismos en los que se puedan difundir los programas prioritarios pero tampoco signifique que se gaste de más”.
El panista criticó el exorbitante desembolso de recursos públicos en difusión realizado por el presidente de la República, emanado del PRI, que pudiera estarse destinando a la construcción de escuelas y hospitales, así como la compra de medicamentos: “Las terribles calificaciones que ha tenido Enrique Peña Nieto, las ha querido componer con presupuesto público y esto no se puede permitir, ni un peso más a la propaganda de Peña Nieto, sí a una ley de medios que austera, responsable y que priorice la difusión de los programas que resuelven los problemas de la población”.
En noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión reglamentar el uso del dinero del erario destinado a la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
“La verdad es que sería una irresponsabilidad monumental heredar la discusión a la siguiente legislatura, en Acción Nacional y en Por México al Frente estamos listos para votar esta ley en términos de lo que le conviene a la sociedad mexicana y no en términos de lo que el PRI quiere llevarse para el esquema de promoción de sus gobernadores y su presidente”, dijo Jorge López.
El Poder Legislativo federal estaba obligado a regular el gasto en publicidad oficial desde 2014, en términos del artículo transitorio 8 de la Reforma Político-Electoral; pero no fue sino hasta que la Primera Sala del máximo tribunal señaló su omisión de legislar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución cuando se tomaron cartas en la materia.
Esta resolución deriva de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
Esta y otras organizaciones civiles se pronunciaron contra el dictamen que se votará ante el pleno, al considerar que institucionaliza las malas prácticas cometidas por los gobiernos en cuanto a propaganda.
