- Aunque todo apunta a que se aprobará una Ley General de Comunicación Social con “vicios”, está en manos del Congreso del Estado corregirlos cuando llegue el momento de homologar la legislación
- Especialista propone retomar propuestas emanadas de organizaciones civiles, académicos y comunicadores
Aunque el Congreso de la Unión perfila la aprobación de una Ley General de Comunicación Social con “vicios”, los estados tienen la oportunidad de legislar mejoras en la regulación del gasto destinado a publicidad oficial, apuntó Salvador Vázquez Caudillo, especialista en transparencia.
A menos de un mes de que venza el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reglamentar el artículo 134 de la Constitución, la bancada del PRI impulsó una iniciativa que dejó insatisfechas a las organizaciones civiles que han dado seguimiento al tema al considerar que institucionaliza las malas prácticas cometidas históricamente por los gobiernos.
En entrevista para La Jornada Aguascalientes, Salvador Vázquez consideró que la existencia de una ley en la materia representa un avance por sí misma, luego de que por décadas privó la opacidad en la distribución de recursos públicos a medios de comunicación. El proyecto legislativo, que probablemente sea votado por el Pleno de la Cámara de Diputados esta semana, prevé que la Secretaría de Gobernación administre los contratos de publicidad.
Pese a los señalamientos en contra, la propuesta aprobada el 3 de abril en la Comisión de Gobernación: “En el último periodo del último año legislativo siempre salen iniciativas al vapor entonces, hay muchos diputados que ya tomaron la debida suplencia, hay muchos nuevos”, criticó.
Sin embargo, no todo está perdido pues el Congreso del Estado podrá hacer correcciones a esta ley general, llegado el momento de aterrizarla a los ordenamientos locales.
El especialista recomendó entregar a la próxima legislatura una iniciativa que retome las propuestas emanadas de las organizaciones agrupadas en el colectivo #MediosLibres, pero también a asociaciones civiles, medios de comunicación y ciudadanos de Aguascalientes.
Para Vázquez Caudillo, lo ideal es que contemple transparencia en los contratos, además de piso parejo para todos los medios de comunicación: “Hay que transparentar los recursos públicos y si son para medios de comunicación, que no los utilicen los propios servidores públicos e instituciones como se ha venido haciendo, ahí podemos dar un paso adelante”, abundó.
Acusó que ese rubro del gasto público es uno de lo más opacos, ya que al solicitar información vía transparencia, esta suele ser clasificada como reservada, o bien, inexistente.
En su opinión, topar el gasto -como en su momento propuso el grupo parlamentario del PAN- no es la única alternativa para regular esta práctica, también se deben establecer parámetros mínimos y máximos en el presupuesto e incluso crear un consejo consultivo dedicado a vigilar los contratos a los informadores: “Esto nos ayudaría a abrir información en cuanto a contratos para que los ciudadanos sepan cuánto reciben los medios por concepto de publicidad”.
El Poder Legislativo federal estaba obligado a regular el gasto en publicidad oficial desde 2014, en términos del artículo transitorio 8 de la Reforma Político-Electoral, pero no fue sino hasta que la Primera Sala del máximo tribunal señaló su omisión cuando se tomaron cartas en la materia, como resultado de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
