- El servicio público continúa con normalidad en este lapso, siempre y cuando se acaten sus restricciones
- Hasta el momento no hay denuncias contra servidores públicos por violar la veda: IEE
La veda electoral no son vacaciones pagadas para los funcionarios, el servicio público debe continuar con normalidad en este lapso, siempre y cuando se acaten sus restricciones, aclaró el presidente del Consejo General Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales marca en su artículo 209 que, durante las campañas, debe suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental por todos los medios de comunicación social, con el objeto de garantizar la equidad en la contienda.
“No hay una receta de qué es lo que pueden y no hacer los servidores públicos, la regla general es que no se inmiscuyan en cuestiones electorales. La veda no son vacaciones pagadas por nosotros con nuestros impuestos, el servicio público debe seguir funcionando normalmente y lo que tiene cierta modalidad es la manera en que se publicitan las actividades”, advirtió el consejero.
Explicó que este periodo busca prevenir que lo servidores públicos hagan proselitismo político a partir de programas públicos, o bien, aprovechen su posición para denigrar a algún candidato en beneficio de otro, como ocurría anteriormente. Sin embargo, recalcó que esto no es impedimento para que realicen sus actividades: “Deben de seguir haciendo obra pública, prestando servicios públicos, abriendo sus oficinas para atender al ciudadano, pero sin publicitar masivamente al ciudadano”.
Lo que está prohibido es que el servidor público “aparezca entregando una obra como tal y su mensaje diga cosas positivas de un candidato o partido político”, agregó.
Comentó, a modo de ejemplo, que no está prohibido el programa Miércoles Ciudadano en el que las dependencias municipales atienden directamente a las personas: “Lo que sí está prohibido es que dentro del marco de un Miércoles Ciudadano, el presidente municipal inicie el ejercicio con un discurso que denigre o favorezca a un candidato o partido”.
El reparto de programas sociales tampoco está limitada, mientras se apegue a ciertos lineamientos como no ser de reciente creación, contar con una lista de beneficiarios y un calendario de entregas notificados a las autoridades electorales con antelación, con lo que se busca impedir acciones diseñadas ex profeso para intervenir en los comicios.
Landeros Ortiz precisó que, hasta el momento, el IEE no ha recibido ninguna queja, denuncia o solicitud de Oficialía Electoral relacionada con la actuación indebida de entidades públicas: “Lo que nos habla de la serenidad que está tomando los tres niveles de gobierno”. Sin embargo, se prevé que la actividad aumente con el arranque de las campañas locales, el 14 de mayo, “Nuestra función es recibir ese tipo de cuestiones, que no solamente queden en el colectivo mediático, sino que se presenten las denuncias que con mucho gusto procesamos y resolveremos, y en caso de que haya elementos sancionamos.”
Si bien el Instituto no cuenta con una “policía electoral” para patrullar el estado sí puede abrir procedimientos de oficio por actividades irregulares, a solicitud de un ciudadano o actor político. Comentó que el sistema de contrapesos está sustentado en la autovigilancia, por lo que parte del trabajo es hecho por los propios partidos políticos.
