- El incumplimiento de este derecho laboral pondría en riesgo la concesión para los empresarios
- El seguimiento estaría a cargo de un observatorio ciudadano
Con el objetivo es que todos los operadores del transporte público cuenten con seguridad social, la Ley de Movilidad local deberá enlazarse con la Ley Federal del Trabajo a fin de exigir que los concesionarios cumplan con las exigencias de ésta para con sus trabajadores, además de vincularla con un derecho administrativo.
El diputado Iván Sánchez Nájera, secretario de la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado, manifestó que en caso de que los empresarios no cumplan con los requerimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la implicación será la pérdida de la concesión: “Entonces enlazamos este derecho laboral con un derecho administrativo, generando el consenso con los concesionarios y con los coordinadores de movilidad, el sistema que se está estableciendo es primero una amonestación por escrito, a la segunda infracción nos lleva a una suspensión del servicio, lo que afecta de manera directa el ingreso y la economía de los concesionarios; y en un tercer suceso sería la revocación de esa concesión”.
Aseveró que el consensuar esta propuesta lleva un gran avance en el legislativo, dado que está bien fundamentada al señalar cuáles son las facultades que tiene el gobierno estatal, pues si bien no norma sobre seguridad social, sí sobre sus actos administrativos.
Esta reserva a la propuesta de ley del Ejecutivo se pretende que también se enlace con un observatorio ciudadano, a fin que ya desde la ley se señale quiénes lo conformarían y las facultades que tendrán, con el objetivo de que temas como es el caso de la seguridad social para choferes se observe en cuatro momentos: cuando se entregue la concesión, al pase anual de revista, al momento de buscar refrendar una concesión y en todo momento en el que haya una denuncia que no se está cumpliendo.
“Si un chofer señala que no tiene seguro social podrá hacer la denuncia, ya se directamente con la Coordinación de Movilidad o con el observatorio ciudadano y esto generará la obligación de llamar al patrón para que presente la cédula del registro del trabajador ante el IMSS, y en caso de no proporcionarse se hará del conocimiento al Instituto, además de suspender o revocar esa concesión, según sea el caso”, externó Iván Sánchez.
Con esto se pretende que todo operador de transporte público ya sea de taxi, autobús urbano o combi, cuente con esta prestación laboral de todo el estado; propuesta que forma parte de las 50 reservas de ley que el legislativo presentará ante el Pleno para su posible aprobación.
“Yo espero que sí se apruebe, de lo contrario el Congreso estaría enviando una pésima señal”, subrayó el diputado local.
Observatorio ciudadano de Transporte Público
Con respecto al observatorio ciudadano, se trata de un ente que la propuesta del Ejecutivo ya lo mencionaba, y será integrado por representantes de universidades, de organizaciones civiles, usuarios del transporte y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y los diputados solo le pusieron nombre y apellido, y decir cuántos serán los integrantes y quiénes lo conformarán; pero especialmente señalar las facultades que tendrá. Una de ellas, junto con la Coordinación de Movilidad, es el diseño del sistema de denuncias, que además tendrá la capacidad de atracción de estas.
El propósito es que los usuarios cuenten con un sistema eficiente y que se garantice el seguimiento de cada una de las denuncias, así sean faltas menores, el hecho reiterado de las mismas puede llevar a la suspensión de una concesión e inclusive a la revocación, aunque a las quejas de mal servicio por parte de los usuarios se deberán agregar más elementos, a decir de Sánchez Nájera
