- Positivo que se respeten las ideologías y convicciones personales, pero sin negar los derechos de otras personas
- Legisladores están obligados a no dejar la ley abierta a interpretaciones y permita la discriminación de grupos vulnerables
El espíritu de la Ley de Derecho Objeción de Conciencia Médica puede ser adecuado, si de lo que se trata es de respetar las ideologías y convicciones personales, aunque antes hay que reflexionar sobre las implicaciones prácticas, coincidieron dos diputados en el Congreso del Estado sobre esta propuesta legislativa recién aprobada en el Senado de la República.
La Ley de Derecho de Objeción de Conciencia Médica permite a los trabajadores de la salud oponerse a realizar acciones que van contra su conciencia, la cual se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados para posibles cambios a fin de que finalmente sea aprobada por el Senado y publicada para su vigencia en el Diario Oficial de la Federación.
El diputado perredista Iván Sánchez Nájera consideró aplaudible que la ley señale que quien desde sus creencias personales considere que es un acto inadecuado o antiético hacia sus valores, puede rechazar a realizar esa acción médica, lo cual se basa en el respeto, sin embargo, falta que el estado garantice que habrá el servicio para quien requiera, por ejemplo, realizar la interrupción de su embarazo al ser víctima de violación.
“Cuando hablamos a título personal del médico que en su esquema de valores esto no lo considera adecuado, qué bueno que se le respete, pero no se puede dejar de lado que la prioridad del estado es brindar ese servicio y respetar a las mujeres que decidan ejercerlo, y respetarlo que brindar todas las condiciones para que lo hagan”, manifestó el perredista.
La gran preocupación, dijo, es que el respeto de alguien sirva para negar un derecho a otra persona, lo que convierte que una ley de avanzada se convierta en un instrumento para discriminar y negar un servicio ante derechos consagrados en la Carta Magna, pues, aunque haya grupos o personas que estén en contra, al final lo que la Corte de Justicia de la Nación y la Constitución misma señala, es que existe el derecho a decidir.
Al respecto también se pronunció la presidente de la Comisión de Salud Pública, Cristina Urrutia de la Vega, al considerarlo un tema delicado, en el que senadores y diputados deberán analizar con sumo cuidado, ya que, si bien médicos y enfermeras tienen el derecho de acogerse a la objeción de conciencia, también tienen obligaciones a las que no pueden renunciar.
“Yo esperaré a conocer las modificaciones que se proponen y cuáles se aprueben, pues es un tema delicado y de enorme responsabilidad para quienes tienen en sus manos esta propuesta (…) por supuesto que se corre el riesgo enorme en que no se entienda la interpretación exacta de la ley y pase a ser una justificación para discriminar a grupos vulnerables, por ello la importancia de no dejarla abierta a la interpretación”, manifestó la diputada panista.
