- De no cumplir con las obligaciones de transparencia serían acreedores a sanciones que van de 12 mil 120 mil pesos
- Se requiere una denuncia en concreto hacia el órgano garante para que se pueda intervenir
Ante los señalamientos que hicieron Equis Justicia para las Mujeres y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por considerar que los encargados de impartir justicia violan la ley ya que no se ha publicado ninguna sentencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, el comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, consideró que es una opinión válida, sin embargo, argumentó que en el caso del Supremo Tribunal de Justicia no observa sentencias que tengan un carácter de interés social, por lo cual tengan que ser públicas.
Enfatizó que en este momento los sujetos obligados se encuentran en un proceso de verificación, de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado, en fecha del 19 de febrero, están en plazo en que pueden trabajar para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia; posteriormente, si se detecta la falta de información, se procedería a algún requerimiento, e incluso si lo amerita, el sujeto obligado sería acreedor a una sanción.
Reiteró que el Supremo Tribunal de Justicia no ha identificado alguna sentencia con este carácter para que sea subida, pero en caso de que siga en blanco cuando hagan la revisión diagnóstica, “en un supuesto analizaremos si están incumpliendo con la Ley de Transparencia es válido; apenas estamos en esta etapa en que el sujeto obligado tiene el plazo para solventar estas observaciones”.
Precisó que en 2016 y 2017 se llevaron a cabo verificaciones preventivas, en este año será vinculatoria con los procedimientos de sanción que marcan las leyes de transparencia, para lo cual, el lunes se publicarán en el Periódico Oficial los nombre de los verificadores que el pleno del Instituto de Transparencia en la sesión pasada aprobó con la finalidad de dar certeza a este proceso y ejercer todas las funciones para esta verificación al aprobado y publicitado el proceso a fin de que se apliquen las respectivas sanciones en caso de haber algún incumplimiento. Serán 16 personas las encargadas de la verificación que iniciará a mediados de mayo.
Tachiquín Ruvalcaba enfatizó que es competencia del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes verificar que como sujetos obligados en el ámbito local se cumpla con la publicación de la información que se contempla en la Ley de Transparencia Estatal, por lo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información no tendría cabida para sancionar al tratarse de un órgano garante del estado de Aguascalientes; detalló que primero se le requiere, si se comprueba que hay una omisión, para que den cumplimiento a la misma, al ser la finalidad que se tenga disponible la información; de proceder la aplicación de la multa, estas van de los doce mil a los 120 mil pesos, según la gravedad y la reincidencia, “se valorará por el pleno en caso de alguna omisión para la aplicación de la sanción”.
Es un procedimiento que varía de 20 a 40 días para el cumplimiento de la observación, en donde el sujeto obligado está en su derecho de argumentar que no están obligados a publicar la información, si no está reglamentada en la Ley de Transparencia, o si esta es inexistente, se analiza, pero no es un indicio en descargo del sujeto obligado.
“Estamos en la etapa en que pueden subsanar la falta de información”, el comisionado presidente enfatizó que sería necesaria una denuncia en concreto hacia el órgano garante para que se pueda intervenir, si existe una afectación o negación a esa información, ya que no se puede seguir de oficio, al ser un señalamiento general se debe cumplir con los plazos establecidos para la verificación.
