- Los supervisores contribuirán a que los CAS profesionalicen el servicio que brindan
- Se vigilará que los CAS no vulneren los derechos de los menores de edad
La dirección de Regulación de Asistencia Social del DIF nacional certificó a dos trabajadores del DIF estatal adscritos a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, quienes tendrán la facultad de supervisar la operación de los Centros de Asistencia Social (CAS) que brindan acogimiento residencial a menores de edad.
Los dos colaboradores cumplieron con todos los cursos y evaluaciones teóricas y prácticas del estándar de competencia 886 de Supervisión de Centros de Asistencia Social, por lo que una vez certificados verificarán los CAS para garantizar que en su operación se respeten los derechos de la niñez y adolescencia.
El personal tendrá bajo su responsabilidad la revisión de varios aspectos relacionados con el funcionamiento de cada centro, a fin de asegurar que cumpla con el marco legal que se establece en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y también con la Ley estatal en la materia.
Esta autorización es la número 12 que otorga el DIF nacional en el país, y los nuevos supervisores deberán vigilar que los CAS cumplan con las responsabilidades que permitan profesionalizar el servicio que brindan, siempre ponderando que no se vulneren los derechos de los beneficiarios.
Entre los ejes de regulación a evaluar está que los centros cubran los requisitos de autorización, de registro en el ámbito estatal, certificación de su operación y seguimiento de la atención que prestan a los usuarios.
Los Centros de Asistencia Social deberán tener toda su documentación en regla, desde el decreto de creación, normatividad, reglamento, modelo de atención, hasta aspectos de infraestructura y seguimiento jurídico que exige la ley en la materia para que reciban una atención de calidad.
Con información del DIF estatal
