- Mexicanos contra la Corrupción presenta compromisos de política pública para hacer frente a este cáncer
- Es imperante que se asegure la independencia y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción
Es la corrupción el mayor cáncer social de nuestro país, los índices de percepción ciudadana al respecto han ido en aumento, en tanto que los organismos gubernamentales no transparentan su actuar, por lo cual la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) proponen medidas que se deben tomar desde los estados para hacer frente a esta situación.
Se subrayan once compromisos como políticas públicas que deben asumir los gobiernos en las entidades, entre los que se destaca la creación de fiscalías generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional para la adecuada persecución e investigación de los delitos; en Aguascalientes se ha pugnado por que dicha instancia esté encabezada por un perfil ciudadano, lo mismo que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, sin embargo, las designaciones de los actuales titulares, Jesús Figueroa Ortega y Jorge Humberto Mora Muñoz estuvieron señaladas por obedecer al pago de favores políticos y contar con fiscales a modo de los gobernantes en turno.
MCCI destaca el que las observaciones de las auditorías internas y externas sean públicas y accesibles, además de que se cuente con información precisa sobre el nivel de funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones; se carece de esta información porque como le dimos a conocer en la edición del 27 de abril pasado de La Jornada Aguascalientes, ningún caso de corrupción ha sido judicializado por la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual se justifican las instancias en no hacer públicos los detalles para no entorpecer las investigaciones. Las propuestas presentadas en el Congreso del Estado para reformar la Ley de Fiscalización a fin de lograr mayor transparencia en las auditorías, no han tenido mayor avance.
Mexicanos contra la Corrupción destaca también la importancia de que se cumpla con la Ley General de Archivos, que fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, cultural, científica y tecnológica; un gobierno sin archivos de papel que cumpla además con la Ley General de Transparencia.
Mucho se ha pugnado desde los organismos ciudadanos para que se cumpla con la declaración 3de3 sobre el patrimonio, fiscal y de intereses de los funcionarios, MCCI propone que el gabinete gubernamental publique de manera voluntaria esta información en la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, en tanto entra en vigor la obligación de hacerlo a través de la Plataforma Nacional Digital. En este proceso electoral se ha buscado que los candidatos hagan lo propio a fin de que la ciudadanía tenga la mayor información sobre quienes buscan un cargo de elección popular.
Los apoyos gubernamentales no deben estar sujetos a tintes partidistas; militantes y simpatizantes del partido que se encuentra en el poder son lo que resultan con mayores oportunidades para obtener recursos de programas sociales, este abuso obliga a la conformación de un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno estatal, incluidas las acciones y programas de desarrollo social, así como un Catálogo de Programas Sociales y Acciones de Desarrollo Social; en el estado, desde la pasada legislatura se propuso la creación de este padrón, cuyo objetivo era blindar las elecciones de 2016, iniciativa que fue detenida por el entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre.
Es el tema de obras en donde más se registran casos de corrupción, con la aportación de los llamados moches, para combatir este problema, Mexicanos contra la Corrupción propone que el gobierno cuente con una adecuada planeación de estos proyectos, con requisitos que aseguren pertinencia y sustentabilidad; que se publique sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos.
Además, se debe impulsar en el ámbito nacional una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas; que se informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las dependencias de manera oportuna.
El caso más reciente en el estado es la construcción del Hospital Hidalgo, que tardó más de nueve años, y sobre el que se señala que el gobernador Carlos Lozano de la Torre infló el costo del inmueble por 33.5 millones de pesos; actualmente está en proceso una demanda en contra de la empresa Epccor contratista de dicho proyecto por incumplir con el pago de al menos 15 millones de pesos a contratistas locales.
En este tenor, MCCI resalta el que el gobierno reduzca el número de pagos en efectivo y realice las compras a través de Compranet como lo establece la Plataforma Nacional Digital del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es fundamental que, en conjunto con los mencionados puntos, el gobierno esté comprometido con el Sistema Nacional Anticorrupción y que no obstaculice la labor del sistema local y por el contrario se asegure su independencia y eficacia. Es lamentable que en el estado, desde la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA, desde febrero pasado, no hay mayor avance en materia al carecer de recurso y sede para operar; es fecha en que no se ha emitido la convocatoria para el secretario a técnico y no se ha integrado el Comité Coordinador para que el Sistema Anticorrupción opere como fue concebido.
