- Adecuaciones por el Poder Judicial permitirán al ejército actuar con respeto a los Derechos Humanos
- Ejecutivo federal dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la puesta en marcha o no de esta nueva legislación
Ante la reciente resolución de inconstitucionalidad por parte de dos jueces federales a la Ley de Seguridad Interior, aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre del 2017, el senador de la República Fernando Herrera Ávila mostró beneplácito, al recordar que el Partido Acción Nacional (PAN) la votó en contra e inclusive presentó también varios procedimientos ante el Poder Judicial Federal: “Vamos a ver cuál es proceso a seguir, creemos que la ley (promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto) tenía algunos avances, pero también varios retrocesos, debe de corregirse con lo que los jueces señalen y diseñar un instrumento jurídico que les permita -a las fuerzas armadas- trabajar dentro de la normalidad, qué bueno que se hicieron estas observaciones, que bueno que se mandata al Congreso de la Unión a corregir lo que no tiene concordancia con la Constitución”, manifestó Herrera Ávila.
Destacó que el propio Ejecutivo federal, al ver que habían cometido algunos excesos en el afán de aplicar la aplanadora, dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la puesta en marcha o no de esta nueva legislación: “Creemos que hay condiciones para hacer adecuaciones para garantizar que el Ejército tenga un orden jurídico que le permita trabajar con absoluto respeto a los Derechos Humanos”.
El senador puntualizó que, en la Ley de Seguridad Interior, tras las correcciones que mandate la Suprema Corte, debe estar acotado las formas y la manera de intervención de las Fuerzas Armadas en tareas del orden civil, con una temporalidad y un compromiso para el fortalecimiento de las policías estatales acompañado de programas específicos del gobierno federal: “No es sólo la discrecionalidad absoluta para que los estados abandonen su función, sino que tiene que ser una labor de acompañamiento, por eso creemos que debe haber condiciones claras, temporalidades específicas y desde luego un respeto absoluto a los Derechos Humanos”.
Las dos resoluciones de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior fueron dictaminadas por jueces del Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García y Karla María Macías, quienes el viernes 11 de mayo resolvieron que dicha normatividad es inconstitucional.
