- El organismo debe contar con 15 integrantes, pero únicamente se recibieron ocho propuestas, de las cuales sólo cuatro reunieron los requisitos
- Por falta de prospectos, la convocatoria se amplió por diez días
Por baja respuesta, se amplió por diez días el proceso de selección para integrar el Observatorio Ciudadano de Movilidad, el cual vigilará las políticas públicas en materia de transporte.
La nueva Ley de Movilidad establece que el organismo debe tener 15 integrantes: cinco representantes de instituciones de educación superior, tres de asociaciones y federaciones estudiantiles de educación superior, tres de organizaciones empresariales, tres de organizaciones no gubernamentales relacionadas con el transporte y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Durante la convocatoria, que comprendió del 5 al 13 de junio de 2018, únicamente se recibieron ocho propuestas, de las cuales sólo cuatro reunieron los requisitos, de acuerdo con un anuncio publicado por la Coordinación de Movilidad (CMOV) en el Periódico Oficial del Estado.
Según la edición del 25 de junio, resultaron seleccionados tres especialistas postulados por instituciones de educación superior y uno por una ONG: José Jaime Sainz Santamaría, del CIDE; Ernesto Martínez Quezada, de la Universidad Autónoma y Luis Adrián Pizaña Flores, de la Universidad Tecnológica; así como David Roberto Barba, propuesto por la asociación civil Bicicálidos.
Dos propuestas de agrupaciones empresariales y otras dos de Ong fueron rechazadas y no hubo postulaciones provenientes de federaciones estudiantiles.
Entre los requisitos para formar parte de este observatorio están ser mayor de edad, contar con por lo menos dos años de residencia en el estado, tener experiencia en cuestiones de movilidad y transporte, no ostentar cargos directivos en asociaciones partidistas, sindicales o en la administración pública, ni contar con sanciones administrativas o estar inhabilitado para la prestación del servicio público.
Por cada integrante se nombrará un suplente, quienes durarán en su cargo tres años y todos tendrán derecho a voz y voto.
El organismo podrá opinar sobre las tarifas de transporte público, proponer acciones para mejorar la calidad de los servicios de transporte, sugerir cambios a la ley, realizar estudios sobre movilidad, diseñar junto con la CMOV el sistema de quejas y denuncias de los usuarios del servicio de transporte público, dar seguimiento a la ejecución del Programa Estatal y los Programas Municipales de Movilidad, entre otras.
Una vez instalado, el Observatorio Ciudadano deberá sesionar cuando menos dos veces al año de forma ordinaria y extraordinaria las que sean necesarias, en todos los casos con el carácter de públicas.
