- Responsables del gasto de más de 20 millones en este estudio están exonerados de cualquier observación
- Hechos como estos no pueden seguir en la impunidad, recalcó diputado del PRD
La Comisión de Transporte Público en el Congreso del Estado desechó la iniciativa de ley que contenía el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus), turnada en su momento por el entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre, debido a que con la Ley de Movilidad que se aprobó recientemente, queda sin efectos y por trámite legislativo se le da salida, explicó el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera.
Subrayó que es un estudio en el que se gastó más de 20 millones de pesos, mismo que no se pudo aprovechar, “deja mucho que desear, realmente resulta inservible para la movilidad, y que entiendo, no sirvió de base para la reforma que ahora se tiene en materia de transporte”.
Señaló que se tiene contemplado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sanciones por gastos de esta magnitud en proyectos que no se aprovecharon, el tema se vigiló en todas las auditorías y las cuentas anuales, sin embargo, con las autorías contemporáneas promovidas por la pasada administración, permitió que salieran exonerados de cualquier tipo de observación, “es un asunto que lamentablemente ya está saldado por el mismo Órgano Superior de Fiscalización, entonces ya está concluido y liberado”.
Sánchez Nájera apuntó que los actos de corrupción que se dieron en el pasado sexenio, en todos los niveles y en todas las materias, alcanzaron el Pimus, en el que se gastaron millones de pesos que no sirvieron para la planeación, pues continuó el deplorable estado del servicio de transporte público.
Dijo que la primera comparecencia que se hizo en el Congreso, de los funcionarios del sexenio anterior, fue con el titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, a quien se le pidió el informe del Pimus, pero los datos ofrecidos eran ya conocidos, bajo el argumento de que era sólo un resumen ejecutivo, pero nunca llegó al Legislativo el estudio completo.
Precisó que en términos legales no se puede hacer ya nada, por lo que se han propuesto reformas para impedir las llamadas auditorías contemporáneas, aunque sólo se podría actuar sobre el último año de administración; dijo que fundamental garantizar órganos autónomos y ciudadanos para combatir la corrupción en estos hechos de la función pública.
El diputado perredista subrayó que ante la Fiscalía hay investigaciones en contra de funcionarios de dos sexenios anteriores, por lo que se ha insistido en que se haga público el estatus de cada una de estas pues hay algunas que fenecen este año y no se cuenta con los elementos para conocer si están transitando o no: “En la medida en que haya impunidad sobre éstas, no sólo Carlos Lozano, hay investigaciones desde el sexenio de Luis Armando (Reynoso Femat), es una llamada para los actuales, el mensaje puede ser por ambos lados, o cuídate o no va a pasar nada; lo que ocupamos sobre las denuncias que ya están giradas es que la Fiscalía se ponga las pilas”.
