En 2015, Aguascalientes era la octava entidad federativa con el mayor índice de motorización del país, es decir, contaba con 393 vehículos por cada mil habitantes, por encima de entidades como Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí (Inegi 2015). Además, en 2010 los kilómetros-vehículo recorridos (KVR) en la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMA) ascendían a 2.9 mil millones -500 por ciento más que en 1990. Al mismo tiempo, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) aseguraba que en 2015 en la ZMA se alcanzarían 4.5 mil millones de KVR, un aumento de 800 por ciento respecto de 1990. Es innegable que el uso del vehículo privado en Aguascalientes ha aumentado considerablemente, y con ello, el tráfico, los accidentes y la contaminación.
En este contexto, el Gobierno del Estado dice estar encaminando esfuerzos para reformar el transporte público en Aguascalientes, como parte de una estrategia para promover la movilidad urbana sostenible. Para ello, recientemente anunció la renovación de algunas unidades, y supuestamente se encuentra trabajando en el rediseño del modelo de concesión y operación. Desde luego, una reforma integral del transporte público requiere desde infraestructura y nuevas unidades hasta un modelo de gobernanza más sofisticado. Estos distintos componentes apuntan hacia un mismo objetivo: elevar la competitividad y la calidad del servicio de transporte público. Ese es el verdadero reto para transformar la movilidad urbana en Aguascalientes. Veamos.
En economía, el transporte público suele considerarse un bien inferior, no en un sentido peyorativos sino técnico, pues es un término que se utiliza para explicar la relación entre el ingreso y la demanda de un producto o servicio. En este sentido, un bien inferior es aquel cuya demanda disminuye a medida en que el ingreso de un consumidor aumenta. Por ello, a medida en que crece el ingreso de una persona, esa persona tenderá a demandar un menor uso del transporte público, pues más probablemente elegirá alternativas como el automóvil. Al mismo tiempo, la movilidad, es decir, la necesidad o el deseo de desplazarnos, se considera un bien normal, para el cual la demanda aumenta conforme el ingreso de un consumidor se incrementa. Por ello, cuando aumenta el ingreso, las personas tienden a desear mayor movilidad, especialmente en términos de flexibilidad y velocidad. De esta manera, la demanda de modos de transporte que ofrecen una mayor movilidad suele incrementarse; esa es una de las razones por las cuales, ante la ausencia de un servicio de transporte público eficiente y de calidad, el uso del automóvil crece aceleradamente.
Entonces, el reto para desacelerar la motorización de Aguascalientes está en hacer del transporte público una alternativa verdaderamente competitiva frente al automóvil. ¿Cómo? Garantizando niveles elevados de servicio y calidad, no sólo en términos de mejores unidades sino especialmente en cuanto a cobertura, confiabilidad, seguridad y asequibilidad. En otras palabras, la transformación del transporte público debe hacer de este modo de transporte una opción igualmente competitiva o incluso superior, y no una segunda o tercera mejor alternativa que las personas están obligadas a utilizar cuando no pueden acceder a una alternativa como el automóvil. Por tanto, el transporte público no debería ser un modo de transporte asociado al ingreso de la población, sino una opción atractiva, confiable y eficiente, independientemente del nivel de ingreso. Enrique Peñalosa, actual alcalde de Bogotá, lo describe claramente: “Una ciudad avanzada no es aquella en la que incluso los pobres tienen auto, sino aquella en la que hasta los ricos utilizan el transporte público”.
Si el porcentaje de viajes en vehículo privado continúa en aumento debido a las carencias del servicio de transporte público en la entidad, el tráfico, la contaminación y los accidentes no harán más que empeorar. El reto se encuentra en elevar la competitividad del transporte público frente al automóvil. Esperemos que en Aguascalientes podamos elevar el transporte público de la noción de un bien inferior a una opción competitiva que indudablemente genera mayores beneficios para todos.
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