- Se estima un pago de al menos 800 millones de pesos a la empresa, que podría ser destinados a otras acciones municipales
- Se debe analizar bien la remunicipalización del servicio, por la deficiente prestación por parte de Caasa
Será difícil remunicipalizar el servicio del agua en la capital y que se termine con la concesión que el Ayuntamiento de Aguascalientes mantienen con la empresa Proactiva Medio Ambiente Caasa, desde 1993 para la prestación del mismo, consideró el diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Raymundo Durón Galván.
En aras de cumplir con el compromiso que en campaña hizo la presidente municipal, Teresa Jiménez Esquivel, de someter a consulta pública si la concesión concluye en 2023 con el contrato que se estableció por 30 años, o continúa la concesionaria brindando el servicio de dotación del vital líquido y alcantarillado, se ha definido como fecha límite el mes de agosto del presente año para que la empresa presente su carta de intención formal para renovar el título de concesión.
El diputado panista dijo que esta situación se analiza a través del Comité ciudadanizado que para este fin instaló la alcaldesa, donde participan expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes e integrantes del Cabildo, del cual desconoce el avance del trabajo que están realizando.
En su opinión, enfatizó que en caso de que se decida no renovar el contrato de concesión, se deberá pagar a la empresa una cantidad insostenible para el municipio, lo que impactaría en los programas y obras que debe atender, para poder hacer frente a esta compensación, debido a toda la infraestructura que ha dotado Caasa para brindar el servicio.
“Se debe analizar bien por el Consejo, porque son los que tienen ahorita la pelota en su cancha; hay que poner en una balanza si se va o que hace falta en el municipio (…) tendríamos que tomar una decisión, sobre todo pensada en los ciudadanos”; Durón Galván dijo que se estima que el pago a la empresa sería de al menos 800 millones de pesos, que podrían destinarse a otras acciones del municipio en beneficio de la población.
Reconoció que el servicio que brinda la concesionaria es deficiente, por lo cual se debe tomar en cuenta si es conveniente seguir con esta prestación de parte de un particular, o asumir el costo para que vuelva a ser el municipio el que brinde el servicio o se tome en cuenta a otro proveedor para el mismo: “La concesionaria desgraciadamente se ha tomado muchas atribuciones; hemos platicado con el gerente de Caasa, desde que llegamos como diputados nos abrió las puertas de la concesionaria, fuimos y platicamos los de la comisión y se comprometió a trabajar, pues sí, pero no hemos visto cómo”.
