- José Guadalupe López Ramírez deja el cargo a cuatro meses de la designación
- Acusa a la Comisión de Selección de haber sido omisa con los requisitos en la selección de quienes integraron el CPC con él
Un nuevo revés al Sistema Anticorrupción en Aguascalientes, tras darse a conocer que un juez federal sobreseyó el juicio de amparo promovido por las irregularidades en la designación de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del SEA, la tarde de este martes el presidente de dicho órgano, José Guadalupe López Ramírez, presentó su renuncia al cargo que le fue conferido el 2 de febrero y que ostentaría por un año, mismo tiempo que trabajaría dentro del comité encargado de vigilar el cumplimiento de las políticas públicas en el combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.
En La Jornada Aguascalientes le informamos, en la edición del 24 de abril pasado, sobre la petición de recurso material que a la Secretaría de Gobierno solicitó López Ramírez ante la carencia de un espacio donde el CPC pudiera laborar, situación que ya había manifestado desde que tomó protesta al cargo, pues no se consideró un presupuesto para la operación del Sistema Anticorrupción en el estado.
El oficio que dirigió al coordinador de la Comisión de Selección, Jorge Humberto Yzar Domínguez, José Guadalupe López Ramírez, señala que el 2 de febrero, al ser designado como presidente y miembro del Comité de Participación Ciudadana, se comprometió ante la sociedad a cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal y la del Estado, al igual que el resto de los miembros del CPC, y enfatizó que fue el mismo compromiso que asumieron los integrantes de la Comisión de Selección cuando tomaron protesta; señaló que todos se comprometieron a regir sus actuaciones conforme los principios rectores de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que son la integridad, la honradez, lealtad, legalidad, transparencia, equidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad y competencia por mérito.
Recalcó que con base en la Constitución federal y local se creó por demanda ciudadana el Sistema Anticorrupción como política pública que atendiera a la urgente necesidad de abatir la corrupción y la impunidad, “mandando imperativamente que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema (Anticorrupción) deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”.
Además, argumentó que las leyes, federal y estatal en materia, precisan que los miembros del CPC deberán acreditar experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación de políticas públicas, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; esto en base a los artículos 16 y 34 fracción II de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y mismos considerandos de la ley local.
No obstante, a decir de López Ramírez, en la práctica, con base en la información curricular publicada en la página web de la Comisión de Selección www.cssa.org.mx, “y mi observación en la interacción grupal de labores del Comité de Participación Ciudadana, observo que ustedes fueron omisos en la exhaustiva revisión documental y experiencia de mis compañeros, pues sus currículums no demuestran haberse destacado por contribuir a la transparencia, rendición de cuentas o al combate a la corrupción y mucho menos acreditan experiencia de cinco años en tales temas, requisitos ineludibles para acceder al cargo”, argumentó.
Bajo dichos preceptos, acusó a la Comisión de Selección de tomar la decisión de designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana incumpliendo y violentando las normas constitucionales y legales detalladas en el documento que presentó al coordinador de dicho órgano.
“Ocurrí, expuse y documenté ante la justicia federal los alegatos de las violaciones constitucionales y legales mencionadas, aportando los medios de convicción que consideré necesario. También lo hice ante los actores del gobierno y legislativo estatal y asociaciones de la sociedad civil, con la finalidad de que verazmente pueda contrastarse el sustento de mi observación”, precisa en el documento que se expidió con copia para el gobernador, Martín Orozco Sandoval; Francisco Martínez Delgado, diputado presidente de la LXIII legislatura en el Congreso del Estado, así como al resto de los miembros del CPC.
José Guadalupe López Ramírez enfatiza en su carta de renuncia, que ésta obedece al sobreseimiento de la controversia que sobre lo ya señalado fue presentada ante el juez de distrito, debido a que según los considerandos de la sentencia, se abstuvo sobre las violaciones constitucionales y legales que alegó.
“En consideración a todo lo anterior, por congruencia con mi ética y en libertad de conciencia, debido a los incumplimientos constitucionales y legales observador de mi parte, renuncio al cargo de presidente y miembro del Comité de Participación Ciudadana para el cual ustedes me designaron”, recalca en el documento en el que agradece a las instituciones que lo apoyaron en su postulación.
Ante la resolución del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, no procedió la impugnación de la designación de los miembros del Comité de Participación y será facultad de la misma Comisión de Selección, que fue electa por tres años para dichas funciones, convocar a la selección de un nuevo miembro, mientras que la presidencia del órgano anticorrupción podría quedar a cargo de María Teresa Belmont Acero, quien fue electa por dos años y sucedería de manera natural a José Guadalupe López Ramírez.
