Hace algunos días, el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador presentó sus primeras propuestas de política urbana en un documento titulado Amlópolis. Ahí se explica cuáles serán algunas de las políticas prioritarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, algunas de las cuales se han analizado por años sin llegar a concretarse. Es decir, los retos urbanos se encuentran “sobrediagnosticados”, y, si bien se han explorado múltiples soluciones, su implementación permanece como uno de los principales desafíos. Aún es pronto para conocer con detalle la manera en que se pretenden implementar las ideas de Amlópolis; sin embargo, desde ahora surgen preguntas relacionadas con el proyecto urbano de López Obrador. Veamos.
Amlópolis sugiere que se promoverá la conformación de Agencias Metropolitanas para ampliar la coordinación y colaboración intergubernamental con la finalidad de mejorar la planeación y gestión de la movilidad, el agua, los residuos sólidos, entre otros. Actualmente, en México numerosos desafíos de las ciudades trascienden límites municipales, por lo cual, efectivamente podrán requerirse nuevos modelos de gobernanza que faciliten la coordinación horizontal, es decir, entre municipios. Sin embargo, al día de hoy no existe un nivel de gobierno metropolitano -entre los gobiernos estatales y municipales- establecido en la Constitución. Por tanto, la creación de Agencias Metropolitanas podría requerir reformar el Artículo 115 de la Constitución que asigna a los municipios las funciones relacionadas con el agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, gestión de residuos, mercados, calles, parques, jardines, usos de suelo, regularización del suelo, licencias de construcción, entre otros.
En este sentido, habrá que conocer el alcance de las competencias que se asignarían a estas Agencias Metropolitanas, pues, por un lado, si se limitan exclusivamente a la planeación sin asignarse funciones ejecutivos, tendrán poca capacidad para incidir realmente en la gestión urbana. Por otro lado, si se pretenden asignar competencias ejecutivas de mayor nivel de decisión que actualmente correspondan a los municipios, el desafío político para instrumentar dicha reforma sería mayúsculo. En resumen, la coordinación metropolitana es sin duda un gran reto que requiere mecanismos de gobernanza más eficaces; al mismo tiempo, reducir las competencias de cualquier nivel de gobierno siempre resultará en un reto mayor. ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Similarmente, Amlópolis sugiere que se constituirá un banco de suelo con predios mejor localizados y con mejores condiciones urbanas para promover, por ejemplo, vivienda de interés social en las ciudades. Por supuesto, uno de los principales retos del país es facilitar el acceso a suelo intraurbano vacante o subutilizado en donde se pueda desarrollar vivienda con mayor accesibilidad a oportunidades de empleo, educación, salud, entre otras. Sin embargo, en las ciudades mexicanas suelen existir pocas reservas de suelo de propiedad pública en mejores localizaciones. Por ello, efectivamente se requiere explorar nuevos mecanismos para reducir los altos precios del suelo intraurbano para el desarrollo de vivienda de interés social; sin embargo, crear un banco de suelo desde el Gobierno Federal requeriría recursos considerables para la adquisición del suelo o crear esquemas de incentivos o desincentivos para motivar a propietarios privados a desarrollar el suelo que se retiene subutilizado por especulación. En este sentido, algunas organizaciones recomiendan introducir tasas diferenciadas en el predial, de manera que asignen mayores cargas a los propietarios de suelo subutilizado para motivar el desarrollo o comercialización del mismo; lo cual, no aseguraría que ese suelo sea destinado para vivienda social, y generaría resistencia y oposición, lo que elevaría los costos políticos de implementar una política de esa naturaleza. Igualmente, se podrían explorar otros mecanismos para liberar suelo intraurbano de propiedad pública, por ejemplo, en derechos de vía de líneas de alta tensión o infraestructuras similares. En este caso, también se requerirían recursos importantes para adecuar ese suelo para el desarrollo urbano. ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Dónde?
Más aún, Amlópolis asegura que se apoyará la modernización del transporte público a través de un mayor equilibrio en el gasto público en infraestructura para todos los modos de transporte, priorizando el financiamiento para el transporte público. Desde luego, revertir o desacelerar la tendencia de las ciudades mexicanas hacia un mayor uso del vehículo privado es un desafío urgente. Sin embargo, actualmente las competencias del Gobierno Federal para incidir directamente en la transformación del transporte público se encuentran limitadas a la asignación de presupuesto, mientras la implementación es responsabilidad principalmente de los gobiernos estatales. En este sentido, la transformación de la movilidad supone procesos complejos de rediseño institucional y la creación de nuevos modelos de gobernanza y coordinación entre sectores y niveles de gobierno, lo que implica navegar un denso entramado de intereses arraigados a nivel local. Por tanto, habrá que conocer los pasos que daría el Gobierno Federal, pues además de inversión, la transformación del transporte público requiere el desarrollo de capacidad técnica e institucional, así como procesos complejos de negociación, participación y socialización para mediar los intereses tanto de los transportistas, como de usuarios, automovilistas, ambientalistas, entre otros. ¿Qué hacer desde el gobierno federal? ¿Cómo? ¿Por dónde empezar?
Esperemos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cuente con suficiente respaldo político y presupuestario para lograr transformaciones profundas en la política urbana. Sin embargo, no debemos olvidar que avanzar hacia ciudades más sostenibles, equitativas y competitivas requiere de largos procesos graduales e iterativos. Ojalá la próxima administración sea inteligente y estratégica para priorizar y concentrar sus esfuerzos en cuestiones trascendentales que permitan sentar las bases de un nuevo desarrollo urbano en el país.
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