- De los 60 anexos que se tienen detectados en Aguascalientes, tan sólo diez cumplen a totalidad con la Norma Oficial Mexicana
- La regularización de los anexos debe legislarse en el ámbito federal
Apenas un 15 por ciento de los anexos que operan en el estado cuenta con certificación, aceptó Ramiro Zúñiga Garza, del Centro de Atención para la Rehabilitación de las Adicciones (Capra).
El integrante de la Coordinación de Rehabilitación detalló que de los 60 anexos que se tienen detectados en Aguascalientes, tan sólo diez cumplen a totalidad con la Norma Oficial Mexicana 028-SSA2-1999 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Hay también una cantidad similar que se encuentra en proceso de cumplimiento.
El resto de los anexos, unos 40, no cumple con la normatividad y son los que aparecen y desaparecen en varias partes del estado sin darse de alta en el sistema de registro. Por este motivo, no se tiene un número específico.
“Hay dos grandes grupos, los que no cumplen, y los que tienen o están buscando la certificación del Consejo Nacional contra las Adicciones, Conadic, después de un proceso en el que se evalúa que cumplan con la norma oficial, con los derechos humanos, que tengan un tratamiento específico para los pacientes y que el espacio sea el adecuado. La Conadic los visita y les da un aval. Y a partir de eso ellos entran en un estatus de reconocimiento”, abundó el funcionario estatal.
El objetivo de los anexos es conseguir la abstinencia del consumo de sustancias sicoactivas. Cada uno atiende entre diez y 60 personas, verificándose que se cuente con un programa de tratamiento, basado en la ayuda mutua o en un modelo profesional; que sus instalaciones tengan espacio suficiente -baños, camas, consultorio médico, área para consulta de la familia- y, por sobre todo, que el personal respete los derechos humanos de las personas.
El Consejo Estatal Contra las Adicciones tiene un área particular dedicada a la supervisión, pero esta se limita solamente a los centros de tratamiento que están en regla.
Lo anterior se debe a que la legislación no es clara en torno a los anexos sin registro; explicó Ramiro Zúñiga: “Si yo ahorita abro un centro de tratamiento en una casa, en lo que viene salubridad a revisarme se cambian a otro lugar, en este momento es muy complicado, tendríamos que cambiar la norma como para que rápidamente vaya el Consejo y pueda cerrarlo”.
En esos casos no se puede intervenir debido a que la norma federal sólo regula el aspecto de la salud, pero no funcionamiento de estos centros, los cuales no pueden ser cerrados si no hay denuncias de por medio, “y las familias no ponen quejas, muchas veces hacen quejas públicas, pero no van a Derechos Humanos, no van a la Fiscalía, ni a la Secretaría de Salud y creo que es necesario”.
Zúñiga Garza consideró que la regularización de los anexos debe legislarse en el ámbito federal, ya que es ese nivel de gobierno el que se encarga de su certificación y registro.
