- A través del programa Reintegra, se envió a 84 delincuentes reincidentes a centros de rehabilitación; cada tratamiento costará hasta 30 mil pesos
- El programa Reintegra se encuentra dirigido a personas con problemas de adicciones y más de 60 ingresos a los separos
En el último mes, 84 personas detenidas en repetidas ocasiones por faltas administrativas y delitos no graves fueron canalizadas a centros de rehabilitación privados, luego de identificarse que dichas conductas fueron cometidas bajo el influjo de sustancias, precisó Claudia Ortega Valadez.
La subsecretaria general de Gobierno informó que se trata de un programa piloto que tiene como propósito frenar la reincidencia delictiva asociada al consumo de alcohol y estupefacientes en colonias conflictivas.
El programa Reintegra se encuentra dirigido a personas con problemas de adicciones -previa valoración médica- y con más de 60 ingresos a la Dirección de Justicia Municipal, donde permanecen hasta 36 horas detenidos.
La funcionaria estatal dio a conocer que entre las personas en proceso de rehabilitación hay siete mujeres, cuatro de ellas menores de edad. En general, casi un cuarenta por ciento del universo de atendidos tiene menos de 18 años. En esos casos, se solicitó el consentimiento de los padres y se les está apoyando con la regularización de sus estudios, “para que presenten sus exámenes y puedan alcanzar un grado de escolaridad mayor al que tienen”.
Reintegra arrancó el 24 de mayo con un presupuesto de dos millones de pesos procedentes de readecuaciones presupuestarias a fondos del gobierno estatal. La rehabilitación de cada persona tendrá un costo de entre ocho y diez mil pesos mensuales y el internamiento tendrá una duración de por lo menos tres meses. El costo estimado de cada tratamiento será de 30 mil pesos.
La meta es que por lo menos el 20 por ciento de los atendidos no vuelvan a delinquir.
En una primera etapa, el programa piloto se echó a andar en la capital con una capacidad máxima de 150 personas, aunque se espera extenderlos a Calvillo y Jesús María. Se prevé, en un futuro, atraer recursos del Gobierno Federal y que los municipios aporten económicamente a este programa. La intención es que eventualmente se implemente en todo el estado.
Debido a los altos costos del tratamiento, por el momento sólo tres anexos están participando en este piloto.
En caso de que quienes sean dados de alta vuelvan a delinquir, serán canalizados a la Fiscalía para que tome otro tipo de medidas, como puede ser la prisión preventiva, previno Claudia Ortega.
Para prevenir esta posibilidad, se buscará completar su reinserción dándoles capacitación en oficios con los que eventualmente se podrán incorporar al mercado laboral: “Estamos activando todas las instancias del Gobierno del Estado y pretendemos que se sumen a los de los municipios”.
La subsecretaria de Seggob reconoció que el entorno familiar en el que padres, hermanos y tíos son también adictos a las drogas pudiera resultar contraproducente, por lo que se buscará incidir en el núcleo familiar: “Estamos pidiendo que las familias se integren a la rehabilitación para que no sea una actividad infructuosa, en donde lo internamos, termina el tratamiento y luego lo regresamos al mismo entorno que generó todo esto”.
