Un funcionario pillo me platicaba sobre los motivos de su reincidencia, decía: “Pedirle dinero al usuario es como pedirle a una mujer que se vaya a la cama. Chance y te diga que sí, a lo más que te arriesgas es que te diga que no, y no pasa nada. Ya ni quien te denuncie ni menos aún que te den una cachetada.
Edmundo González Llaca
Estimados Amigos Invisibles, no puedo dejar de lado la materia de combate a la corrupción, eje principal del presidente electo, y que en nuestro estado debe dar resultados en los próximos 100 días, sobre todo, el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva, para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción.
Ya he hablado en otras columnas de la Comisión de Selección, del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, todos Órganos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Ahora hablaré de la Comisión Ejecutiva, instancia formada por cuatro miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), con excepción de su presidenta, y el secretario técnico, quien la presidirá. Cabe mencionar que el CPC que inicialmente se conformó por cinco integrantes, actualmente solo son cuatro, ya que el presidente renunció al inicio del camino. Luego entonces, de acuerdo a la normatividad se turna la presidencia al miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente, por ello, durante sesenta días a partir de que se presentó la renuncia toma las riendas la Mtra. María Teresa Belmont Acero.
Le recuerdo que entre los objetivos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción -LSEA- están:
- “Establecer las bases mínimas para la emisión de políticas públicas integrales en la prevención y combate a la corrupción y faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos” (fracción III, del artículo 2 de la LSEA);
- “Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos” (fracción VII, del artículo 2 de la Ley en comento);
Las facultades de la Comisión Ejecutiva, son definir los proyectos de políticas integrales, metodologías, informes y recomendaciones no vinculantes que deben someter ante el Comité Coordinador para su aprobación.
Le recuerdo las funciones principales que tienen las instancias del Sistema Estatal Anticorrupción -SEA-. Comité Coordinador autoridad máxima del Sistema, es responsable de su aprobación; el CPC es un grupo de ciudadanos responsables de planear y supervisar el proceso de adopción e instauración de las mismas; y la secretaria ejecutiva es la responsable del apoyo técnico en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas aprobadas en materia anticorrupción.
La estructura del SEA es clara e innovadora, su lógica debe salvaguardar el componente de participación ciudadana que le otorga equilibrio y horizontalidad a las medidas, mecanismos y acciones que dan vida a este sistema. En este sentido, el Comité de Participación Ciudadana tiene en sus manos la gran responsabilidad de presentar la terna al Comité Coordinador para designar al secretario técnico, es decir, nombrar al mejor perfil y que cuente con la experiencia, pero, ante todo, del conocimiento del tema para combatir la corrupción.
Por ello, la Comisión ejecutiva está facultada para generar propuestas de: políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, metodologías para medir y dar seguimiento a dichas políticas; mecanismos de información al interior del SEA; bases de coordinación con autoridades estatales, informes de evaluación realizadas a las políticas integrales y el anual sobre los avances y resultados obtenidos, así como sobre las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades competentes. El Programa Anual de trabajo de la Comisión ejecutiva deberá destacar por la elaboración de la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción, dicho Programa deberá ordenar y vincular las líneas de acción propuestas para hacerlas operables, evaluables y que se puedan monitorear en el ámbito estatal. Por ello, es de suma importancia la integración de la Secretaría Ejecutiva como órgano de apoyo técnico ante el CPC.
Hay que señalar que el 19 de julio de 2017, venció el plazo fijado por la Ley General del SNA para que las legislaturas de los estados expidieran leyes y realizaran las adecuaciones normativas pertinentes para la puesta en marcha de los Sistemas Locales Anticorrupción. Aguascalientes cumplió en el sentido de realizar las adecuaciones pertinentes, tanto en la normatividad del SEA, como las modificaciones Constitucionales locales.
En particular, debemos de generar un observatorio ciudadano que dé seguimiento desde el registro de los participantes, integración de expedientes, entrevistas para integrar el CPC local, porque de ellos -CPC- y el CC dependerá la elección del Secretario Técnico quién será el encargado de ejercer las funciones que señala el artículo 35 de la LSEA.
Otro dato no menos importante que los ciudadanos de a pie deberíamos conocer con anticipación es el presupuesto que se le destinará a este sistema, el artículo 25 de la ley en comento menciona que: “El Congreso del Estado deberá asignarle año con año el presupuesto suficiente para el ejercicio integral, las atribuciones, objetivos y fines de la estructura operativa del SEA”. La pregunta a contestar: ¿En esta Legislatura contarán ya con un estudio, algún comparativo o aproximación de cuánto nos costará año con año este SEA o le heredará este tema tan importante a la LXIV Legislatura, al fin que septiembre está a la vuelta de la esquina ¿cuál es la prisa?
Esa es una respuesta que tendrá que dar el Poder Legislativo, pero esa es otra historia, que hay que dar seguimiento. Por ahora póngase mucha atención, el engranaje del SEA va dando vueltas, lentas, pero va avanzando, esperemos que Aguascalientes se distinga por no tener secretario técnico “carnal”.
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