Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) promovió un amparo en contra de más de 200 jueces y magistrados de Chihuahua por no hacer públicas todas las sentencias que emiten. La demanda fue admitida el 25 de julio por Matilde del Carmen González Barbosa, Juez Décimo de Distrito en Chihuahua. Mexicanos Contra la Corrupción busca que el Poder Judicial de la Federación haga públicas todas las sentencias que han emitido en los últimos años. Los tribunales de Chihuahua únicamente hacen públicas un número reducido de sentencias, la difusión del resto de las resoluciones queda al arbitrio de cada juez.
Esto refleja una opacidad total en Chihuahua y un riesgo potencial para la comisión de actos de corrupción, pues entre menos se dé a conocer la manera en la que los jueces y magistrados resuelven, menores serán los incentivos para que dichos funcionarios sean imparciales, pues su labor se encontrará al margen del escrutinio ciudadano. Entre enero de 2016 y julio de 2018, el Poder Judicial de Chihuahua ha emitido 87,954 sentencias, de las cuales sólo ha hecho públicas 1,687, es decir, menos del 2%.
Gerardo Carrasco Chávez, Director de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción destacó que: “La falta de transparencia y rendición de cuentas son incentivos para que los servidores públicos cometan actos de corrupción, por lo que, para alcanzar un Estado de Derecho, es indispensable velar por la transparencia en el gobierno, en especial en el poder judicial.”
La forma a través de la cual los ciudadanos podemos verificar si los tribunales mexicanos imparten justicia con apego a los principios que deben imperar en un Estado de Derecho es a través del análisis de las sentencias que emiten, pues es la manera en la que los jueces y magistrados rinden cuentas.
Las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de los ciudadanos las sentencias de “interés público”. Mexicanos Contra la Corrupción considera que la impartición de justicia es de interés público, por lo que todas las resoluciones de los jueces del país deben ponerse al alcance de todos. Por ello, buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine qué debe entenderse por sentencia de interés público. En marzo pasado se presentó una demanda de amparo en contra de los jueces y magistrados de Zacatecas por violar esta misma obligación.
