El viernes pasado, el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes del cual formo parte, presentó los resultados de la revisión a las páginas de 103 entidades de gobierno, partidos, sindicatos y asociaciones civiles que manejan recursos estatales, donde lo mismo hay excelentes ejemplos que completaron al 100%, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que descuidos que generan que algunos estén en menos del 50% o incluso en ceros, el mal ejemplo son la mayoría de los partidos políticos y las asociaciones políticas. En los municipios, los mejor evaluados son Aguascalientes y San Francisco de los Romos, con un 95 y 93 por ciento respectivamente, y los que obtienen menor ponderación son Pabellón de Arteaga (0%) Tepezalá (3.08%) y Rincón de Romos (3.87%). El Poder Ejecutivo estatal es disímbolo, lo mismo hay esfuerzos para llegar al 100% como la Contraloría o la Secretaría de Obras Públicas (96.68%) que los que aparecen en cero por ciento, como la Escuela Normal, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres o el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado.
Hay que recordar que, a partir de la reforma constitucional de 2014 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados tienen que presentar en sus portales y en un gran sistema llamado Plataforma Nacional de Transparencia, la información relativa a 49 rubros que, para homologar, se debe materializar a través de formatos que el Sistema Nacional de Transparencia y cada organismo garante (en nuestro caso, el ITEA) pone a disposición. Estos formatos, además, deben de actualizarse dependiendo del caso, de manera trimestral, semestral o anual, la idea es que el ciudadano pueda contar con los datos más actualizados del ejercicio de la administración estatal.
Ciertamente, a partir de la nueva ley general de 2015, se multiplican los requerimientos de transparencia (recordemos que la anterior normatividad solo exigía 18 fracciones y no era clara en cuanto al periodo de actualización) por lo que las tareas burocráticas para ejecutar todas las exigencias, se potencializan. Atendiendo a la complejidad de los formatos así como a esta multiplicación de acciones a realizar, la revisión durante parte del ejercicio 2017 y anteriores, había sido diagnóstica, es decir, sin sanciones o sin mecanismos de coerción, su función fue justamente ver errores y áreas de oportunidad, y que los ejecutores se familiarizaran con el nuevo sistema.
Sin embargo, ya que se ha dado el tiempo suficiente para conocer y trabajar, a partir de las revisiones del 2018, el ITEA contará con todas las facultades coercitivas para lograr que todos los entes cumplan al 100%. En este sentido, del 1 de abril al 27 de julio, el organismo garante local, llevó a cabo una revisión cenal, es decir, a la totalidad de los formatos que corresponde a cada sujeto, en relación al primer trimestre 2018 y segundo semestre 2017, por ello, justamente el viernes pasado se emitieron los dictámenes de incumplimiento o cumplimiento respectivo.
Si bien es cierto el promedio de calificación no rebasa el 50%, también lo es que, lo que sigue ahora, es notificar a todos los sujetos obligados de estos dictámenes y que ejerzan su derecho de defensa para que en un término de veinte días, complemente los formatos, corrijan las observaciones realizadas por el Instituto de Transparencia, o hagan valer lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho plazo, podrán suceder dos cosas, que complete al 100% su información (y por ende se termina el procedimiento) o que se mantengan algunos faltantes. Para esto último, el ITEA emitirá un requerimiento al superior jerárquico para que en 5 días se corrijan las observaciones subsistentes. A partir de este punto, y en caso de negativa a completar los formatos, se procederá a sancionar o a imponer medidas coercitivas al funcionario responsable.
En el Pleno del ITEA, mis compañeros Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, Brenda Ileana Macías de la Cruz y un servidor, tenemos la intención de que los responsables lleguen al 100% la transparencia, nuestra intención no es multar o sancionar, sino que los datos estén a disposición del público en general, por ello, estuvimos y estaremos abiertos a todos los entes para auxiliarlos y lograr la observancia total en pro de la rendición de cuentas.
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