- Un vehículo de la Secretaría de Obras Públicas fue encontrado en un evento proselitista mientras debía estar supervisando el alumbrado público
- El Tribunal Electoral Local deslindó a la alcaldesa y al candidato organizador y solicitó sanción para el propietario de la unidad
El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes resolvió que se hizo un uso indebido de recursos públicos del municipio capital durante un acto de campaña de Leonardo Montañez Castro, excandidato a diputado federal de la coalición Por México al Frente por el Distrito II.
Una denuncia presentada por el PRI señaló la presencia de vehículos utilitarios del Ayuntamiento de Aguascalientes en las inmediaciones de un evento proselitista de la alianza PAN, PRD y MC, el cual se desarrolló a las 19:10 horas del 18 de mayo del año en curso, en la esquina sur de avenida Adolfo López Mateos esquina con Convención, a la altura de Jardínes de la Cruz.
En ese punto, estaba un grupo de personas con camisetas blancas con grabados en color azul, que en su parte frontal contenían la palabra “Anaya” y, cada uno de ellos, tenía en sus manos una bandera blanca impresa en su centro con el logotipo del PAN.
De un de Volkswagen Sedan adscrito a la Secretaría de Obras Públicas, con placas de circulación AFB-438-A, descendió un hombre que portaba una playera blanca con las leyendas “Anaya” y “2018” y quien manifestó no ser el propietario de la unidad al cual dijo desconocer, que únicamente se había ido a cambiar de ropa en su interior para participar en el evento al que iba presentarse por su voluntad y para que “no le dijeran nada”.
A través de una solicitud de información dirigida al Ayuntamiento capitalino se logró conocer que en esa fecha, en el horario de 18:00 a 20:00 horas -que coincide con la hora del evento proselitista- el automotor, a nombre de Juan Ignacio Quezada Ávila, fue requerido para la supervisión de luminarias en los fraccionamientos Jesús Terán y Jardines de la Cruz.
El artículo constitucional 134, párrafo séptimo, refiere que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno tienen en todo momento la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Por este motivo, el órgano jurisdiccional solicitó al superior de Quezada Ávila -propietario del vehículo utilitaria- aplicar la sanción correspondiente.
La denuncia, interpuesta por Enrique Lomas Torres, representante del PRI ante el Consejo Distrital II, acusó a la alcaldesa panista, María Teresa Jiménez Esquivel y a Leonardo Montañez de haber coaccionado para que servidores públicos utilizaran vehículos oficiales en un acto proselitista a favor del otrora candidato, sin embargo esto fue desechado al no acreditarse su participación en los hechos narrados.
