- La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no ha actualizado la base de datos, a cuatro meses de su última publicación
- En el último corte, sumaban 37 mil 435 mexicanos no localizados
En Aguascalientes actualmente hay abiertas 232 carpetas de investigación por desaparición de personas.
De estos expedientes, 110 corresponden a mujeres y 122 a hombres ausentes y prácticamente la mitad de los aguascalentenses sin localizar son menores de edad, con un total de 115.
Se trata de 223 casos del fuero común y nueve del fuero federal -casi todos menores de edad- de acuerdo con cifras al cierre del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el cual dejó de funcionar el 30 de abril de 2018; desde esta fecha, no se volvió a actualizar la base de datos de todo el país.
Hasta ese corte, 47 desaparecidos se habían reportado en 2018; 33, en 2017; 17, en 2016; 35, en 2015; 14, en 2014; seis, en 2013; 11, en 2012; 26, en 2011; 11, en 2010; nueve, en 2009; cuatro en 2008 y los 20 restantes datan de años anteriores, es decir, tienen más de una década en investigación.
A cuatro meses de su última actualización, el RNPED da cuenta de 37 mil 435 personas no localizadas en todo el territorio nacional, de las cuales mil 170 corresponden al fuero federal y 36 mil 265 al fuero común. El estado de Tamaulipas acumula el mayor número de desapariciones en todo el país, con seis mil 131 casos, seguido del Estado de México, con tres mil 918.
A partir de la publicación de la nueva Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas en el Diario Oficial de la Federación -en noviembre de 2017- administrar esta información pasó a ser responsabilidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación que, de acuerdo con el diario Reforma, tiene menos de veinte empleados y apenas hace algunos días se le asignaron oficinas.
El ordenamiento estableció que la CNBP -encabezada por Roberto Cabrera Alfaro- debía ser un organismo descentralizado, sin embargo, en medio de la inconformidad de organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas, el Gobierno Federal la adhirió a la Comisión Nacional de Seguridad.
El RNPED se alimentaba con las denuncias presentadas a autoridades ministeriales y era la única fuente oficial sobre víctimas de desaparición, sin embargo, sólo contabilizaba a personas que permanecían sin localizar a la fecha de corte, sin considerar a las que ya han sido localizadas, por lo que no se podía conocer cuántas de las personas reportadas como desaparecidas habían sido localizadas y cuántos casos nuevos eran denunciados.
