- En el análisis se determinó que la PGR omitió turnar el requerimiento a la totalidad de unidades administrativas competentes
- Aumentar la cantidad y la calidad de la información pública sobre el tema es fundamental para conocer y evaluar las acciones de las autoridades responsables
La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer el número total de personas sentenciadas y con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2017, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó que aumentar la cantidad y la calidad de la información pública sobre el combate a la delincuencia organizada es fundamental para conocer y evaluar las acciones de las autoridades responsables: “Necesitamos conocer con exactitud cuál es la situación del país para identificar los aciertos y fracasos de las estrategias pasadas y escoger el nuevo camino hacia un México más seguro. Al hacer públicos datos como los referidos en este recurso de revisión, las autoridades responsables contribuyen a este proceso”.
Salas Suárez señaló que desde hace doce años el Estado ha adoptado diferentes estrategias de confrontación directa. Sin embargo, desde el 2006 la violencia no se ha reducido, los grupos se han multiplicado y la percepción ciudadana ha empeorado: “En nuestro último periodo electoral, la seguridad fue una de las prioridades y será uno de los principales retos para los nuevos gobiernos, federal y estatales. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña renovar por completo las estrategias. Se esperaría que cualquier propuesta tome en cuenta los señalamientos, la evidencia y las propuestas hechas hasta ahora”, subrayó.
El comisionado del INAI destacó que ante el contexto de transición política que vive el país, la información pública cobra especial relevancia porque brinda evidencia y permite un lenguaje común entre las autoridades y la población: “Diversas voces de la sociedad civil, la academia, la prensa, víctimas y familiares de desaparecidos se han pronunciado por un cambio en la política de seguridad. Incluso la exministra Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo como futura secretaria de Gobernación, ha propuesto que Comisiones de la Verdad regionales se integren al Sistema Nacional de Búsquedas como parte del próximo Plan de Pacificación”, puntualizó.
Una particular solicitó a la PGR conocer el total de personas detenidas, consignadas, sentenciadas y con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017.
El sujeto obligado, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), proporcionó el total de personas detenidas y consignadas por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, omitió en su respuesta el número de sentenciados y que cuenten con sentencia condenatoria irrevocable.
Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información se encontraba incompleta.
En alegatos, el sujeto obligado proporcionó cifras sobre el número de sentencias condenatorias irrevocables; sobre el total de personas sentenciadas, señaló que la información puede consultarse en los informes de rendición de cuentas de la PGR y proporcionó vínculos electrónicos.
Del análisis del caso, se desprende que, en la respuesta complementaria, el sujeto obligado no comunicó de manera puntual la forma de acceder a la información sobre el número de personas sentenciadas por el delito de delincuencia organizada. Además, dos de los vínculos electrónicos proporcionados no dirigen a ningún documento y parte de la información remitida no corresponde a lo requerido por el particular.
La ponencia del comisionado Salas Suárez advirtió que la PGR omitió turnar el requerimiento a la totalidad de unidades administrativas competentes, incumpliendo el procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
Con base en los argumentos presentados, el Pleno del INAI, por unanimidad, determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva de la información referente al total de personas sentenciadas, en general, por el delito de delincuencia organizada -en cualquiera de sus modalidades-, y el total de personas con sentencia condenatoria irrevocable por el delito de delincuencia organizada, precisando la modalidad del delito, para informar a la recurrente sobre el resultado.
Con información del INAI
