- El estado carece de una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, no invierte en órganos de defensoría y le faltan asesores jurídicos para el acompañamiento de personas agraviadas
- Por no transparentar información, Aguascalientes quedó fuera de algunos análisis
A pesar de que uno de los principales propósitos de la reforma constitucional por la que se instauró el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es reforzar la protección de las víctimas del delito, esta tarea pareciera no ser prioritaria para Aguascalientes.
Un estudio elaborado por México Evalúa calificó con 52.4 la atención a las víctimas en el estado en 2017, es decir, la mitad de las personas que acudió a denunciar un ilícito consideró como “bueno” o “excelente” el trato recibido en el Ministerio Público. El puntaje local se ubica levemente arriba de la media nacional que fue de 48 por ciento.
El documento “Hallazgos 2017: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México” también muestra que Aguascalientes y otros 12 estados del país no cuentan con Comisiones Estatales Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV), por lo que la representación legal de las personas agraviadas continúa recayendo en las Fiscalías u otras áreas -Baja California, Baja California Sur Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora-.
La reforma penal -aprobada en 2008- y la Ley General de Víctimas prevén la creación de CEAV en los estados. Si bien el 61.3 por ciento de las entidades federativas ya cuenta con estos órganos, muchos de ellos aún no operan plenamente.
El análisis también delató que el número de asesores jurídicos responsables del acompañamiento legal de víctimas es insuficiente en territorio estatal. La Ley General de Víctimas -artículo 167, fracción IV- establece que se debe contar con, al menos, un profesional en cada agencia del Ministerio Público, Juzgado, Sala Penal y Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de todas las entidades federativas y, con base en este estándar, nuestro estado debería tener 29 asesores jurídicos, sin embargo solamente cuenta con cuatro, es decir, tiene un déficit de 25.
También evidenció que la capacitación a los asesores jurídicos no fue suficiente en el año de referencia, ya que si bien las autoridades aguascalentenses reportaron acciones pendientes a mejorar la preparación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y Poder Judicial, no ocurrió así con los órganos de defensoría.
Tampoco es un requisito que los asesores legales cuenten con carrera judicial o servicio profesional de carrera, a diferencia de otras áreas.
En 2016 se presentó el Subprograma para el Fortalecimiento de las Asesorías Jurídicas de Víctimas que estableció el objetivo de dotar a las entidades federativas de suficientes asesores jurídicos y capacitarlos para representar efectivamente de las víctimas en los procesos legales. Sin embargo, el documento consideró que los proyectos de fortalecimiento se concentraron únicamente en los asesores jurídicos, dejando de lado el apoyo sicológico y los fondos de reparación del delito.
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Por falta de transparencia, Aguascalientes quedó fuera de análisis
Aguascalientes quedó fuera de algunos análisis realizados por México evalúa por no entregar información en las solicitudes vía transparencia, o bien, hacerlo de manera insuficiente.
Tal es el caso de las evaluaciones al funcionamiento de las fiscalías, los poderes judiciales y los órganos de defensoría, en los que incluye se incluyen estudios sobre la calidad de las investigaciones, el ejercicio de acción penal, judicialización de expedientes, legalidad de detenciones, órdenes de aprehensión, tasa de resolución de casos, entre otras.
Aguascalientes tampoco participó en la medición de los niveles de impunidad en el sistema de justicia penal acusatorio en las entidades federativas, en la que el estado “mejor calificado” resultó con un índice cercano al 60 por ciento.
Ránking nacional de avance en la consolidación del sistema de justicia penal
Con 234 puntos de un máximo de 600, Aguascalientes es el décimo segundo estado con menor puntaje en el ránking nacional de avance en la consolidación del sistema de justicia penal elaborado por México Evalúa.
A través de este ejercicio, la organización midió el avance de las entidades federativas, así como la calidad de las acciones de política pública, encaminadas a la consolidación de nuevo modelo judicial.
Durante 2017, Querétaro fue el estado que registró un progreso más avanzado, como resultado de la implementación de un modelo de operación integral cuya principal característica y fortaleza es la vinculación interinstitucional.
No obstante, se destaca a los estados que, aunque aún tienen mucho que mejorar, alcanzaron un avance importante entre 2016 y 2017: Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Jalisco , San Luis Potosí y Aguascalientes.
Fuente:
https://www.mexicoevalua.org/event/hallazgos-2017/
