Opinión

Apariencias engañosas / Debate electoral

El martes pasado, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral dio por finalizados los trabajos del Proceso Electoral Local 2017-2018 que nos llevó a la renovación del poder legislativo en el Estado, toda vez que se habían cumplido los supuestos legales de haber realizado la totalidad de los cómputos distritales, y al haberse resuelto en última y definitiva instancia el último de los medios de impugnación interpuestos. Como varias veces se mencionó en este espacio, las particularidades de estos comicios las podemos reducir en un par: básicamente radicaron en lo inédito de la operatividad y su magnitud.

Una de las cuestiones que se dieron hasta esta ocasión y que no había sido vista en las anteriores, fue justamente la diferencia en las fechas de conclusión de los procesos federal y local, pues dado que el congreso general había de instalarse el 1 de septiembre, y en el caso de la calificación presidencial por virtud constitucional se hizo pasado un mes de la jornada electoral, las actividades nacionales en la materia concluyeron el último día de agosto. En el caso local, materialmente las actividades fenecieron unas horas antes de la instalación de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, ya durante septiembre.

Contra lo que pudiera pensarse en cuanto a que la uniformidad del proceso electoral obligaba a que tuviera fechas únicas de inicio y de término, la realidad es que, de manera natural, coexistieron procesos simultáneos, que comenzaron en las fechas previstas por la legislación aplicable y concluyeron, como se pudo apreciar, cuando se actualizaron las condiciones establecidas en la norma. Las dos veredas fueron transcurriendo paralelas hasta que se conjuntaron en la jornada electoral, de manera más específica, durante el funcionamiento de la casilla única para la recepción de los votos, pero al comenzar el escrutinio y contabilidad de los votos, se volvieron a separar de manera natural, para atender las particularidades de cada institución administrativa. Incluso somos testigos como en otras entidades, a la fecha, aún no concluye el proceso local.

En días recientes se han escuchado voces señalando la pertinencia de una nueva reforma electoral en la que se defina una sola institución encargada de organizar la elección, desapareciendo con ello a los institutos electorales locales. Fundamentan la petición en la disposición jurisdiccional que ordenó recuento total de votos en la elección de gobernador de Puebla y los cuestionamientos que surgieron en las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México en 2017.

La idea de una reforma electoral al concluir la elección no es novedosa. De hecho, la más trascendental de las reformas, tuvo lugar en la década de los 90 del siglo pasado fue provocada por la cuestionada elección presidencial de 1988, reforma que condujo a la creación de los organismos ciudadanizados para atender cuestiones operativas de la elección. Y así, prácticamente tras la conclusión de cada proceso electoral, sobrevenía una reforma a la ley que recogía las inquietudes, sobre todo, de aquellos que no habían ganado. En nuestro sistema electoral, las reformas electorales, las hacen los perdedores, no los ganadores.

La más reciente reforma, entre otras modificaciones, dio al INE la rectoría del sistema electoral nacional, homologó fechas para la elección, y determinó la coexistencia de instituciones locales para atender los procesos electorales según las particularidades de cada entidad, definiendo para cada una sus funciones específicas, así como un riguroso procedimiento para integrar los consejos locales. Las voces que claman la reforma, pretenden, sin argumentos sólidos, que desaparezcan las instituciones electorales locales y que sea el INE quien organice elecciones.

No es mi intención desde este espacio afirmar de manera tajante que los procesos discurrieron de manera perfecta. Eso será imposible. Sin embargo, pretender una reforma superficial basada en apreciaciones sesgadas de algunos columnistas nacionales, se antoja una falta de respeto al trabajo de cientos de servidores electorales y cientos de miles funcionarios de casilla. Lo que propongo es un análisis profundo de todo el sistema político, y en su caso una reforma integral que abarque la regulación de los distintos actores del proceso electoral: instituciones, partidos políticos, gobierno, ciudadanía; nuevas formas de ejercer los derechos político-electorales haciendo uso de mejores tecnologías; plazos adecuados, reglas definidas en cuanto a la paridad de género, homologación de calendarios, costos, financiamiento, y una larga lista.

Todo ello, en su debido momento habrá de ser motivo de análisis preferentemente al finalizar en todos sus aspectos los procesos locales, es decir, luego de haber tomado posesión los funcionarios electos en las entidades donde aún subsisten actividades jurisdiccionales en la materia, siendo necesario que dicho análisis involucre, además de legisladores, a mujeres y hombres comprometidos con el tema electoral, de tal manera que la reforma electoral que pudiera generarse no sea solamente una serie de supuestas buenas intenciones derivadas de apariencias engañosas sobre el conjunto de temas que han cumplido con su labor provocando transiciones válidas en los tres niveles de gobierno.

 

/LanderosIEE | @LanderosIEE

 

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Luis Fernando Landeros

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