- Se pospone para la siguiente sesión la aprobación del estatuto orgánico por varias reservas en lo particular
- Remuneración de 65 mil pesos para secretario técnico y de 40 mil para comisionados del CPC
Este lunes sesionó de manera extraordinaria la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, misma en la que participaron por primera ocasión, de manera oficial, Aquiles Romero González y Eric Monroy Sánchez, secretario técnico y presidente del Comité de Participación Ciudadana.
En dicha sesión se atendió prácticamente la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción con todos los órganos que lo integran, pues se sometió a discusión y aprobación el estatuto orgánico, la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal del siguiente año, el tabulador de sueldos y remuneraciones, perfil de puestos y nombramientos de funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, entre otros de especial relevancia para que se cuente con las herramientas y mecanismos necesarios para el combate a la corrupción.
El acuerdo para expedir el estatuto orgánico causó controversia entre los miembros de la Junta de Gobierno, que integran además de Monroy Sánchez en su carácter de comisionado presidente, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Jorge Humberto Mora Muñoz; Marcos Tachiquín Ruvalcaba, representante del Instituto de Transparencia del Estado; David Quezada Mora, contralor del estado; Gabriela Espinosa Castorena, magistrada presidente del Consejo de la Judicatura; Rigoberto Alonso Delgado, magistrado presidente de la Sala Administrativa del Poder Judicial; y Sergio Escalante Jiménez, auditor del Órgano Superior de Fiscalización; los dos últimos funcionarios iniciaron el debate al oponerse a varias de las facultades que se otorgan al secretario técnico, además de que señalan que el CPC excedería sus facultades al pedir informes de asuntos que atienden las contralorías, así como la Fiscalía Especializada, por ser de carácter confidencial en tanto se resuelven.
En este tenor, el punto fue aprobado en lo general, pero se reservaron varios artículos y fracciones de los mismos, por lo que se determinó que será en la próxima sesión ordinaria, fijada para el 20 de septiembre, cuando se analice cada uno de los lineamientos reservados; en la misma sesión se tendrá el informe desglosado del presupuesto de nueve millones 300 mil pesos que fue aprobado por el Legislativo para el ejercicio del presente año, según se comprometieron el secretario técnico y el presidente del CPC.
Para propuesta de presupuesto del ejercicio fiscal de 2019, se pretende un aumento en el capítulo 1000 sobre servicios personales en lo dispuesto para el Comité de Participación Ciudadana, con la intención de que incremente diez mil pesos la percepción mensual de los comisionados; aunque los miembros de la Junta de Gobierno aprobaron el punto por unanimidad, el desglose se presentará en la próxima sesión, y está sujeto a su aprobación por el Congreso del Estado y lo que fije la Secretaría de Finanzas del Estado, en dado caso el recurso para el próximo año aumentaría a diez millones de pesos.
En la sesión también se aprobó por unanimidad la modificación al perfil de director general de Vinculación y Políticas Públicas, ya que no se había considerado formación como Licenciado en Derecho, para quienes aspiren al mismo.
Sobre la proposición de acuerdo para nombramiento de funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, Aquiles Romero González indicó que su propuesta fue de seis perfiles para dos direcciones generales y siete jefaturas de departamento, áreas necesarias para operar el Sistema Estatal Anticorrupción, de los cuales cuatro son de la iniciativa privada y dos han estado relacionados con la burocracia; el secretario técnico justificó que obedece a que se requiere perfiles muy específicos para esos cargos; agregó que la propuesta para Director General Administrativo será reconsiderado por tener la persona que actualmente lo ocupa, otra oferta laboral.
Al término de la sesión, en entrevista para La Jornada Aguascalientes, Eric Monroy Sánchez, comisionado presidente, detalló que la petición de diez mil pesos en remuneración mensual obedece a que, al ser un pago por honorarios, entre el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto sobre Valor Agregado, entre otros, del tope de 40 mil pesos que fijó el Congreso, se reduce la percepción neta a 25 mil pesos; con ello serían 600 mil pesos más de ejercicio para 2019.
Si bien Sergio Escalante Jiménez, auditor del Órgano Superior de Fiscalización, señaló que no era necesario que se ejercieran los 9.3 millones de pesos aprobados para este año, Morán Sánchez consideró difícil que se puedan generar ahorros pues actualmente el SEA no cuenta con nada, se requiere el arrendamiento de la sede y la adquisición de toda clase de bienes materiales que implica un gasto extraordinario para poder arrancar, pero no descartó que puedan aprovechar lo mejor posible el recurso.
A pregunta expresa sobre la remuneración que tendrán el resto de los integrantes del SEA, el presidente del CPC explicó que tanto el secretario técnico, como directores y jefes de departamento, obedece a tabuladores de Gobierno del Estado, por lo que se fijan en el caso de Aquiles Romero, un aproximado de 65 mil pesos de percepción mensual, que equivale al sueldo de un director de un Organismo Público Local, y entre 16 y 18 mil pesos para administrativos.
