Permitir una injusticia es abrir el camino a todas las que siguen
Willy Brandt
Hablar del caso Ayotzinapa es hablar de corrupción, de intolerancia, de impunidad, de falta de coherencia entre las declaraciones emitidas por cada uno de los funcionarios que llevan a cabo los procesos de investigación y la realidad, que, dicho sea de paso, es muy distinta al escenario que los involucrados presentan.
Perder a un hijo debe ser sin duda una de las pruebas más grandes de fortaleza que puede enfrentar un padre, sin embargo, creo yo, desconocer su paradero, seguramente será un escenario insuperable en el que no se verá el fin del dolor hasta tener una certeza de lo que con él o ella ocurrió.
Por ello no resulta extraño que los padres de estos jóvenes de los que simplemente nadie puede explicar qué pasó, sigan llevando este peregrinar exigiendo respuesta, con mensajes y consignas a lo largo del territorio nacional, en las que piden respeto hacia sus hijos estigmatizados como “revoltosos”.
Cuatro años han pasado de este acontecimiento lamentable que marcó un capítulo más en la historia de nuestro país: esa nación de violencia y de injusticia en donde los más vulnerables son los más abusados, en un territorio sin ley en el que la criminalidad prevalece por encima de las instituciones.
Desde aquel 26 de septiembre de 2014 a la fecha, no hay argumentos válidos, no hay personas detenidas, no hay un proceso certero o encaminado a encontrar la verdad.
Escuchamos los discursos del Presidente Enrique Peña Nieto en torno a este caso y nos suenan irrisorias sus palabras, más allá de ello, sus compromisos por llegar a la “verdad” y por dar algo de paz a las familias de aquellos jóvenes que aquel día se enfrentaron a la autoridad.
Poco creíbles nos suenan los argumentos y el compromiso de quienes encabezarán la administración federal en la próxima administración para resolver el caso. Tristemente la desesperanza prevalece en quienes de lejos vimos los hechos y hoy ya no confiamos en los gobiernos.
Sin duda es indispensable que efectivamente se empiece por la creación de una comisión que pueda dar un panorama de lo ocurrido y la emisión de ese famoso decreto en el que todas las instancias del Gobierno Federal trabajen en torno a las investigaciones.
Sin embargo, más allá de ello, será necesario acabar con la corrupción que prevalece en las instancias de gobierno y corporaciones de seguridad que sin duda han llevado el caso a un final lejano en el que como en la mayoría de los asuntos más graves que ocurren en este país, buscan llevarlo al olvido, a que queden solamente en la historia de nuestra nación como uno más de esos hechos lamentables.
Que se investigue a todos los involucrados, y que participen organismos internacionales que determinen una adecuada conducción de las indagatorias, que no obstaculice su trabajo y que finalmente se llegue a la verdad.
Que se sancione severamente a los responsables tanto de los hechos como de quienes los cubrieron; que se llegue hasta las últimas consecuencias y que la población podamos recobrar en algo la confianza en la palabra de quienes habrán de tomar las riendas del país.
