- 224 extranjeros, en su mayoría centroamericanos, fueron devueltos a sus países de origen entre enero y julio
- En México, transitar sin documentos no se considera un delito, sino una falta administrativa
Entre enero y julio de 2018, 224 inmigrantes -principalmente originarios de Centroamérica- fueron expulsados por Aguascalientes por no contar con papeles para demostrar su estatus legal.
Fueron 118 personas originarias de Guatemala, 81 de Honduras y 15 de El Salvador; además de cinco de Colombia, tres de Brasil, una de Argentina y una más de Haití, según el último reporte de la Unidad de Política Migratoria.
Casi una tercera parte de los extranjeros devueltos eran niñas, niños o adolescentes, con un total 74. De estos, 33 tenían entre cero y once años, y 41 entre doce y 17 años; de este grupo de adolescentes, 20 no se encontraban acompañados de sus padres o de alguna persona mayor de edad al momento en que fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM). Más de la mitad de este grupo etario eran de nacionalidad guatemalteca.
El informe del organismo perteneciente a la Secretaría de Gobernación detalla que 181 indocumentados fueron presentados ante la “migra” en el municipio de Jesús María, 38 en la capital de Aguascalientes, tres en El Llano y dos más en San Francisco de los Romo.
La Ley de Migración prevé dos mecanismos para hacer que los inmigrantes en situación irregular abandonen el país: la deportación y el retorno asistido.
En el periodo de referencia, a 140 adultos -30 mujeres y 110 hombres- y 74 menores de edad se les concedió el retorno asistido, un procedimiento voluntario en el que INM y las autoridades del país de origen ayudan a las personas a regresar, siempre y cuando lo pidan por escrito. Además, diez personas fueron devueltas a sus lugares natales por medio de la deportación, una sanción por violar ciertas disposiciones legales como ingresar al país sin la documentación debida, no cumplir con una orden de salida del país, proporcionar información falsa o fingir ser mexicano sin serlo. Tanto la deportación, como el retorno asistido deben realizarse con debido respeto a los derechos humanos.
En el ámbito nacional, 58 mil 793 personas de otros países han sido expulsados del territorio mexicano por encontrarse con estatus ilegal, de los cuales las niñas, niños y adolescentes representan un 22 por ciento.
En México, transitar sin documentos no se considera un delito, sino una falta administrativa, por lo que las personas detenidas son trasladadas a estaciones migratorias no como castigo, sino como una medida temporal en lo que se resuelve su situación migratoria.
