- La norma, entre otras cosas, busca garantizar el pleno desarrollo de la niñez a través del acceso a las necesidades básicas, como la alimentación
A través de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, la Diputada Federal de la LXIV Legislatura, Sylvia Garfias Cedillo, y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, buscarán que el pago de pensiones alimenticias sea obligatorio y se garantice el bienestar de las niñas, niños y adolescentes en el país, una realidad que pese a los esfuerzos, aún no se ha logrado.
El 4 de diciembre del 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una norma que desarrolló los derechos reconocidos internacional y nacionalmente a los menores. La norma, entre otras cosas, busca garantizar el pleno desarrollo de la niñez a través del acceso a las necesidades básicas, como la alimentación.
Sin embargo, la aplicación en la vida cotidiana se sobrepone a las previsiones de los legisladores, y ésta, no es la excepción.
A falta de datos oficiales, la organización civil Mamás en Acción ha revelado que 8 de cada 10 deudores alimenticios no cumplen con el pago de la pensión alimenticia en el país, lo que deriva en la falta de protección de la niñez.
Lo anterior también vulnera a las mujeres, ya que, de acuerdo con el Inegi, una de cada tres familias mexicanas es monoparental (solamente con la mamá) y 30% de las mujeres en el país son madres solteras que no reciben pensión alimenticia para sus hijas e hijos.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, será un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, que registrará toda la información de quienes son deudores y acreedores alimentarios, la cuantía de la pensión y lo más importante: el estado de cumplimiento de la obligación.
Aunque el Registro será de carácter público, se resguardará la protección de los datos personales.
La iniciativa propone solicitar la constancia de no inscripción en caso de ser un deudor alimentario puntual para obtener un crédito bancario, una contratación en alguna empresa, ser candidatos a cargos de elección popular o ser jueces y magistrados, así como el acceso de las instituciones crediticias al Registro para determinar el otorgamiento de créditos. Además, se informará al momento del matrimonio si uno de los dos contrayentes se encuentra inscrito.
En algunas entidades federativas, entre ellas Aguascalientes, se han llevado a cabo intentos para garantizar los derechos alimenticios de las y los menores, pero no ha sido suficiente, por lo que será de carácter de urgente que en todo el país exista la armonización normativa y no se permita que con el cambio de residencia entre estados, se evadan las responsabilidades alimenticias. El proyecto presentado constituye un esfuerzo del Poder Legislativo, de los distintos grupos parlamentarios ahí representados, y de organizaciones de la sociedad civil como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Mamás en Acción.
