- Proponen en foros regionales anticorrupción que se cree una política nacional anticorrupción que incluya a los organismos electorales en los sistemas anticorrupción
- Se debe generar confianza a los ciudadanos desde los CPC para que participen con los organismos en el combate a la corrupción
Los sistemas anticorrupción están condenados al fracaso antes de su consolidación integral si no se dejan de politizar; la lucha por la iniciativa ciudadana ha sido sesgada por intereses de los cotos de poder que gobiernan en cada uno de los estados, por lo cual, la Red Nacional de Comités de Anticorrupción Ciudadana debe dejar ya de actuar a la sombra y por encargo de la clase política y cumplir con el objetivo con el que fueron creados, desde el Sistema Nacional Anticorrupción, como los sistemas estatales.
En el Palacio de Convenciones del estado de Zacatecas, tuvo lugar este jueves el Foro de Consulta Regional para la Implementación de una Política Nacional Anticorrupción, en la que participaron los Comités de Participación Ciudadana y el resto de los organismos que integran los sistemas estatales anticorrupción de la zona centro occidente, que está integrada por Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, y el estado anfitrión, y de la cual forma parte Aguascalientes.
A los paneles y mesas de trabajo de esta convención fueron invitados expertos en la materia anticorrupción, siendo participantes del panel: Los ciudadanos en el SNA. Las dificultades, los logros y el futuro, integrantes del CPC de los estados que más avance tiene en la materia, Aarón Grajeda Bustamante de Sonora, Jorge Alberto Alatorre Flores de Jalisco y Alfonso Hernández Valdez, quien forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Durante la mesa de análisis y el debate se puso sobre la mesa la cuestión del porqué no funcionan los sistemas anticorrupción, se habló del problema de acción colectiva que representa el combate a la corrupción, ya que se deben generar compromisos entre la sociedad civil y los CPC.
Hernández Valdez destacó en su participación que se debe generar confianza a los ciudadanos desde los sistemas locales y nacional anticorrupción, para fomentar su participación en acciones de vigilancia y exigencia de los entes gubernamentales para que cumplan con su encomienda y no cometan actos en contra de la ley en el ejercicio público: “Cuando me preguntan cómo se le puede hacer para controlar la corrupción, mi primera reacción es: teniendo una serie de restricciones; decía yo que puede haber restricciones de tipo legal e institucional que son importantes y tienen que estar colocadas, pero de nada sirve si esas restricciones legales son ejercidas por funcionarios públicos, por jueces, que no son autónomos y no son independientes”.
Recalcó que esta es la primera posibilidad de acción ciudadana, se puede trabajar en una especie de contraloría social respecto de la autonomía e independencia de quienes ejercen el poder; puntualizó que los sujetos obligados no sólo pueden ser restringidos desde el aspecto legal, es igual o más importante, que se sometan a restricciones de tipo normativo.
“Ahí es donde entramos con mayor fuerza los ciudadanos, a través de la creación de grupos sociales, de la actividad de sociedad civil y de la participación ciudadana efectiva; y justamente la pregunta es: eso está muy bien, pero ¿cómo le hacemos? Y yo honestamente les puedo decir, pues no lo sé”, reconoció el también profesor-investigador en Ciencias Políticas del Iteso.
Explicó que la finalidad de los foros regionales, que tendrán lugar en distintas sedes abarcando todas las regiones y con al participación de la totalidad de los organismos ciudadanos anticorrupción en el país, es que en las mesas de participación se presenten propuestas concretas para incitar a que más ciudadanos participen en propuestas de política pública; explicó que al igual que un atleta de alto rendimiento se prepara para su siguiente competencia en el afán de ganar la medalla olímpica, no hay otra forma de adentrarse y profesionalizarse en estos nuevos sistemas de combate a la corrupción que entrenando, en este caso, capacitándose y dialogando con expertos en la materia, siendo la opinión de la sociedad pieza fundamental para ello: “Yo digo que la ciudadanía se ejerce también de ese modo; si nosotros mismos no participamos desde las reuniones de los colegios de nuestros hijos. El ejercicio de la ciudadanía también se va ejercitando; nosotros tenemos múltiples oportunidades de hacerlo más allá de lo que ahora nos convoca, en la escuela, en la empresa, en muchos tipos de organismos sociales, no necesariamente que tengan que ver con nuestro trabajo”.
Confió en que de los Foros Regionales de la Consulta Nacional Política Anticorrupción resultarán líneas de acción para que un mayor número de ciudadanos se involucren en el combate a la corrupción.
Hernández Valdez subrayó que las propuestas de que formen parte de la Junta de Gobierno de los sistemas anticorrupción, no sólo los organismos de vigilancia y control interno, sino instancias como el Servicio de Administración Tributaria o la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, debe tomarse en cuenta.
Agregó la importancia de que se sumen también los institutos electorales, locales y el nacional, al ser pieza importante de la revisión que se hace a los sujetos obligados en el óptimo desempeño de sus funciones y el acceso que por la Ley de Transparencia debe permitir de la información de ejercicio público, no sólo en acciones, sino en el manejo de los recursos del erario: “Parte del origen de la corrupción, no es ningún secreto hoy, se da en las campañas electorales; cuando hay un compromiso entre un constructor y un candidato a una presidencia municipal y hay dinero debajo de la mesa para financiar esa campaña, ya se creó el compromiso y ya tienes la corrupción en el siguiente ejercicio de trabajo”.
Reiteró la validez y la necesidad de que los organismos electorales estuvieran en los sistemas anticorrupción, por lo que dijo que será importante que se rescate y se coloque como resultado de este foro que concluye el 29 de noviembre en la Ciudad de México, para que se tome en cuenta como una propuesta de política nacional anticorrupción, que compete y urge en todo el país.
