Ante el actual escenario de crisis que hay en el transporte público urbano, es necesario que el Gobierno del Estado, en su papel de autoridad y regulador de este servicio, de una vez por todas se faje y haga valer la ley ante un gremio que por décadas ha obtenido múltiples beneficios con base en el chantaje y a castigar al usuario, no solo con elevadas tarifas sino con un pésimo servicio como el que prestan.
Hace unos días, el 2 de octubre para ser precisos, los concesionarios presentaron por escrito una solicitud de incremento de tres pesos a la tarifa del transporte, algo así como del 40%, cifra desproporcionada respecto del índice de precios y de la propia inflación.
No, en efecto, no se trató de una broma de mal gusto sino una postura bastante firme la de los dueños de los camiones, quienes no dudaron en tomar como rehenes a los usuarios, esos que les dan de comer y por cierto muy bien, pero que en su afán por obtener mayores beneficios, hoy no se tientan el corazón para dejar varados a miles y miles de personas que diariamente tienen que usar y padecer el pésimo servicio de camiones.
Ante una situación de crisis, el mandatario estatal deberá analizar que, en el caso específico de combatir a Atusa, tiene ya de su lado a la gran mayoría de líderes de opinión, de los cientos de miles de usuarios y desde luego, de la población entera, incluso, de aquella que no usa el transporte público, pero que ve que es una urgencia que Aguascalientes cuente con un adecuado sistema.
Desde la CROM, le hemos expresado nuestro respaldo para que, dentro de la legalidad, someta al orden a los concesionarios quienes por muchos años han gozado de plena impunidad, porque basta con que paren 24 horas el servicio, para desquiciar por completo la vida productiva de la entidad. Tanto poder no es bueno en pocas manos.
La prudencia será la mejor consejera para todos, tanto para concesionarios como para las autoridades. Una postura de exigencia de aumento del 40 por ciento está fuera de toda lógica, así como una postura de no aumento a ultranza, no conduce a otro camino más que a incrementar la anarquía que priva en este medio.
De hecho, la postura del Gobierno del Estado no ha sido de cerrazón al aumento de la tarifa, sólo que ha condicionado para que, primero, se mejore el sistema de transporte, en temas como la frecuencia, puntualidad, recorrido de rutas completas, trato respetuoso de los choferes hacia los pasajeros, en fin, hay una lista amplia de mejoras que deberán comenzar por hacer antes de pedir aumento a la tarifa.
Finalmente, reiteramos en la CROM nuestro respaldo a las determinaciones que tome el mandatario estatal para solucionar el problema, y este respaldo incluye aquellas medidas sancionadoras que están previstas en la ley, por más duras que éstas sean.
Insisto: es el tiempo de acabar con el monopolio en el servicio de transporte urbano, porque ya no es posible soportar la pésima calidad con la que los transportistas operan, y además lo hacen con utilidades, porque eso de que operan con números rojos, es una falacia, ya que si fuera cierto, su estrategia hubiera sido otra muy diferente al chantaje en el que volvieron a caer.
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