- Accidentes provocados por baches o malas señalizaciones deberán ser resarcidos por el estado
- También los que ocasionan por los malos servicios de los concesionarios como Atusa y Veolia
A partir de la aprobación de la mayoría en el pleno Congreso del Estado de la iniciativa de adición a la Ley de Responsabilidad Patrimonial, los órganos de control interno de los entes públicos, concesionarios o prestadores de servicio se verán obligados a apoyar a la ciudadanía en la realización de los trámites de reclamación del daño.
El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Guillermo Alaniz de León, quien fue promovente de esta iniciativa, detalló que el objetivo es que el ciudadano que se ve dañado en sus bienes materiales o en su persona, vea resarcido el daño, en casos como los provocados por baches en las calles; además de los que ocasionan los malos servicios de los concesionarios, como es el caso de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa), al igual que la prestadora del servicio del agua, Veolia: “Lo que queremos es que las contralorías sean coadyuvantes con el ciudadano o con su representante para efecto de poder iniciar los trámites para poder reclamar el acto que en este caso se está señalando”, señaló Alaniz de León.
“La idea es que si el ciudadano se ve dañado en sus posesiones o en su persona sea resarcido, y que sea la propia contraloría la que lo apoye para hacer el reclamo, pues aunque dicha Ley establece que las autoridades que incurran en actividades administrativas irregulares y causen perjuicio a los ciudadanos, ya sea en su persona o en su patrimonio deberán resarcir los daños, es necesario dotarlos de certeza jurídica y que el trámite que realicen sea más ágil”, expuso el diputado panista.
Aseveró que hasta el momento los ciudadanos poco reclaman el que se repare este tipo de daños, por ello la propuesta que se presentó al Pleno, a fin de que el ente obligado participe y pueda apoyar al ciudadano en un camino que puede resultar tortuoso y que lo más común es que quede en una queja, a pesar de los derechos con los que cuenta.
Dentro de los presupuestos de cada ente obligado debe existir un presupuesto específico para este tipo de situaciones, como es el caso, por ejemplo, de las secretarías de Obra Pública, “ahora los entes públicos deberán generar formatos para simplificar el reclamo de alguna responsabilidad del Estado y para que los encargados de esos órganos asesoren a las personas, incluso a las que no cuentan con un abogado”, precisó Guillermo Alaniz.
El diputado reconoció que corresponderá al Poder Legislativo la promoción de este derecho, a fin de que la ciudadanía esté enterada que en casos de accidentes viales provocados por fallas en la infraestructura vial, así obras mal señalizadas, daños a domicilios particulares por obras públicas, entre otros, el Estado debe responder de manera inmediata ante el reclamo de la ciudadanía.
Una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes será obligatorio que los entes públicos acaten estas disposiciones.
