- Internos tienen restringido el derecho a la libertad, no el de la salud y la alimentación
- Observaciones tienen como fin el proteger la dignidad de las personas
Las observaciones que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) respecto a los reclusorios de la entidad están sustentadas además con el acompañamiento de personal de la visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos que registraron todas las irregularidades que se encontraron en ese día de la visita.
El ombudsman, J. Asunción Gutiérrez Padilla, dijo respetar la opinión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, al decir que las observaciones de la Comisión no son veraces, a lo que subrayó que los visitadores registraron todas y cada una de las irregularidades, cuya observancia están encaminadas a que sean solventadas, aunque sean de buena fe.
“Si bien las personas privadas de su libertad tienen restringido ese derecho, no es así en otros como los de la salud y la alimentación”, expuso el presidente de la CDHEA respecto a una de las observaciones que señalan que los internos llevaban tres meses aproximadamente sin el servicio regular del agua potable para su consumo, ni para su aseo personal; además del hacinamiento en algunas celdas, situación que está fuera de norma.
Recordó que los mencionados puntos se presentaron al Centro de Reintegración Social de Varones Aguascalientes, y la expectativa es que a pesar de que las recomendaciones que realiza el organismo se hacen de buena fe, sean tomados en cuenta a fin de que se respete la dignidad de los internos y de las personas que los visitan, ya que fue una queja constante de las personas privadas de su libertad sobre la manera impropia en cómo los custodios revisan a sus familiares y visitas.
Gutiérrez Padilla hizo hincapié en que las observaciones presentadas, como resultado de las constantes visitas que realizan a los reclusorios del estado, no pretenden desacreditar a las instituciones, ni constituye una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que deben ser entendidas como un instrumento para mejorar los procedimientos y la dignidad de las personas.
El ombudsman hizo referencia a la recomendación por parte de la CDHEA de no llevar personas en las cajas de las camionetas policiacas se refiere a los detenidos, por ende el traslado de usuarios del transporte público el día que hubo paro parcial de las unidades, si bien se trata de una transgresión a la Ley de Vialidad, no es una violación a los derechos humanos, pues no se trataba de exhibir a nadie, sino de apoyar a quienes requerían de movilidad ante una situación de emergencia.
