- Inició el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y de Sanción
- Acusa Morena que no se les da a conocer la información completa, al no contar con representante en la Comisión de Vigilancia
En la discusión de los dictámenes sobre las resoluciones de las cuentas públicas de las administraciones gubernamentales, que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado remitió al Congreso local, para que fueran sujetas a la aprobación del pleno en la sesión ordinaria de este jueves, de nueva cuenta salieron a relucir las diferencias que prevalecen entre los grupos parlamentarios.
En lo general, se aprobaron por mayoría de los diputados presentes, los dictámenes de la Comisión de Vigilancia que contienen las cuentas públicas del Gobierno del Estado, lo once municipios, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto de Transparencia del Estado y del propio Congreso.
La principal objeción de la información que se les turnó, fue de parte de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional; el vicecoordinador de la misma, Héder Pedro Guzmán Espejel, en tribuna manifestó que el marco legal que regula el ejercicio del gasto público para todos los entes del estado, señala con precisión que los principios que se deben seguir con obligatoriedad son, entre otros, la racionalidad, la austeridad, la transparencia, la legalidad, la economía, la honradez, la eficacia y la eficiencia, para lograr los objetivos para lo que fueron destinados y aprobados; sin embargo, argumentó que en la revisión de los documentos se detectaron una serie de anomalías que, dijo, aún no han sido solventadas.
“Una vez que revisamos detenidamente los dictámenes emitidos por la Comisión de Vigilancia de ésta legislatura, que dicho sea de paso al grupo de Morena le fue vetada la posibilidad de formar parte de ésta comisión; en todas las observaciones, el Órgano Superior de Fiscalización señala que todas las entidades fiscalizadas no se ajustaron a su Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos correspondiente, ambos para el Ejercicio Fiscal del año 2017”, precisó el diputado de Morena.
Recalcó que a consideración del grupo parlamentario, los dictámenes aprobados y turnados por la Comisión de Vigilancia, son cuestionables; no obstante, el argumento es que esto es debido a que la mencionada comisión se integró facciosamente, excluyendo a los diputados de la segunda fuerza política. “La bancada mayoritaria buscó una composición a modo, mayoriteando con sus aliados priistas”, argumentó.
Guzmán Espejel consignó que en la pasada legislatura, el PAN apoyó la eliminación del Órgano de Evaluación y Control del Órgano Superior en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, lo que, dijo, derivó en que actualmente no exista un control de parte del Congreso del Estado para asegurar la calidad y seriedad de las cuentas públicas, “incluso hay indicios de que el Órgano Superior se ha convertido en agencia de colocación de la bancada mayoritaria y sus aliados”, acusó.
A decir del diputado de Morena, el análisis de los documentos que les turnaron, refleja graves irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto público, principalmente en lo que respecta al municipio de Aguascalientes, en donde, aseguró, en suma con las observaciones a los órganos descentralizados, es mayor a los 323 millones de pesos; a esto se suma 70 millones de pesos que corresponde a cuentas no comprobadas de los otros 10 municipios del estado; son 25 millones de pesos de observaciones a Gobierno del Estado, por lo que condenó que el daño patrimonial para Aguascalientes es terrible.
“El daño al erario público es abismal; se trata de un desvío de recursos económicos de poco más de 419 millones de pesos, cantidad que hasta el momento no han solventado los entes fiscalizados, por lo que previo a que se aprueben las cuentas públicas, deberá resarcirse al erario público cada peso que haya sido mal utilizado o desviado”, reitero Héder Guzmán.
Condenó que en ninguno de los dictámenes emitidos por la Comisión de Vigilancia se estipula que el Órgano Superior de Fiscalización haya iniciado alguna investigación o procedimiento resarcitorio, pues, dijo que sólo se limita a señalar que se estima pertinente la intervención de los Órganos internos de control; “Mucho menos hay dato de que haya presentado alguna denuncia ante el Ministerio Público, derivado de la comisión de algún delito que se haya detectado en el manejo de los recursos públicos”.
En este tenor; el diputado presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Juan Manuel Gómez Morales, reviró la postura del diputado de Morena, al acentuar que como legisladores locales tienen la responsabilidad constitucional de revisar las Cuentas Públicas del año anterior, de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos paraestatales o paramunicipales, organismos autónomos, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada de Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos.
Puntualizó que este trabajo se lleva a cabo desde el Osfags, responsable de ejecutar la revisión a nivel técnico de los resultados de la gestión financiera, de la comprobación de ingresos, de que las partidas gastadas estén justificadas y que su aplicación sea conforme a la normatividad aplicable.
Por lo cual, el diputado del Partido Revolucionario Institucional recalcó que una vez que se recibieron las conclusiones técnicas del informe de resultado del Osfags, se hizo un análisis detallado de sus contenidos, bajo el cual se emitieron los juicios, “conforme a nuestra experiencia y consultores de lo que consideramos está conforme a la ley o no”.
Gómez Morales resaltó que la facultad constitucional de revisión es importante desde el aspecto político porque se observa la aplicación de los recursos de las entidades fiscalizables; no obstante, puntualizó que como reflejan los dictámenes, el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones que ya promovió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, está siguiendo su curso.
Por ello, aprovechando la tribuna, explicó a sus homólogos en el poder legislativo, que constitucionalmente, el Osfags tiene obligación de hacer las recomendaciones, procedimientos de responsabilidad administrativa, pliego de observaciones o la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, para deslindar las responsabilidades correspondientes conforme a la naturaleza de las irregularidades detectadas.
“Si este pleno legislativo tiene por revisada o no la cuenta pública de una entidad fiscalizable, los procesos seguirán hasta cumplir con su objetivo, cumpliendo con el principio de legalidad”, aclaró el diputado priista.
Señaló que el principal argumento que tuvo la bancada del PRI para aprobar las cuentas públicas es que en los informes de resultado y en los dictámenes que les fueron turnados, existen ya iniciados 614 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y de Sanción, 284 Pliegos de Observaciones y 10 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal contra servidores públicos de los 11 municipios, el Poder Ejecutivo y organismos autónomos de los cuales puede proceder la recuperación de aproximadamente más de 419 millones de pesos a favor del erario.
“Lo importante es que a esas acciones en proceso, ahora nosotros los legisladores, les demos puntual seguimiento a su desarrollo y resolución, no nada más el Órgano Superior de Fiscalización, ya que, de esos procesos pueden derivar diversas acciones que deben realizar los órganos de fiscalización de los entes auditados”, precisó Juan Manuel Gómez.
Precisó que esta intención es con el objetivo de fincar responsabilidades administrativas, denuncias ante los tribunales administrativos competentes, inhabilitaciones, así como denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado cuando resulten actos que se consideren delitos en materia de corrupción.
“Ésta es una gran oportunidad para fortalecer la transparencia de las acciones e ir generando una cultura de verificación de cumplimiento, para atacar la corrupción”, recalcó el diputado presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
