- Roberto Moreno Ramos, originario de Aguascalientes, fue condenado a la pena capital por el asesinato de su esposa e hijos
- Sus abogados apelaron a la Corte Suprema de EU debido a las presuntas violaciones cometidas tanto en su detención, como en su proceso
El aguascalentense Roberto Moreno Ramos fue privado de la vida, mediante inyección letal, este jueves a las 21:36 horas en Texas.
La ejecución se encontraba programada para las 18:00 horas, sin embargo, los abogados del connacional promovieron, de último momento, dos apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y forzaron a retrasar la ejecución hasta que resolvieron negativamente, de acuerdo con información de Francisco Villalobos, corresponsal de Televisa.
Nacido en 1954 en el estado de Aguascalientes, Moreno fue sentenciado a muerte en 1993 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados bajo el baño de su casa en la localidad fronteriza de Progreso.
El miércoles, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas negó la solicitud de la defensa legal para suspender la ejecución debido a las presuntas violaciones cometidas tanto en su detención, como en su proceso. Los abogados aseguran que se violaron sus derechos por no haber contactado a las autoridades consulares mexicanas tras su detención -en 1993-, derecho garantizado por la Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1963 firmado por Estados Unidos, México y otros países. No fue sino hasta 11 meses después cuando se comunicó el arresto a sus familiares y al gobierno mexicano.
Moreno Ramos es uno de los 51 mexicanos amparados en 2004 por la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que ordena a las autoridades del vecino país revisar todos los casos en los que presuntamente se hayan violado garantías.
Sin embargo, Texas ha sido el único estado norteamericano que ha ignorado el llamado “Fallo Avena” en por lo menos cinco casos similares.
A principios de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los gobiernos de Estados Unidos y de Texas a suspender la ejecución y abrir un nuevo juicio.
El Gobierno de México también pidió, a través de la cancillería, acatar el recurso antes mencionado, así como el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos.
El aguascalentense fue sentenciado a la pena capital en marzo de 1993, luego de que una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, lo declaró culpable de matar con un martillo a su mujer, Leticia Ramos, así como a sus hijos Abigail y Jonathan, de siete y tres años, con el fin de contraer matrimonio con una mujer con la que sostenía una relación extramarital.
