- Con 70 votos a favor y 47 en contra, el Senado de la República avaló la ley que convertirá a la PGR en Fiscalía
- Advierten bancadas de oposición sobre la imposición de un “fiscal carnal”
La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República fue aprobada este jueves 15 de noviembre en la Cámara de Senadores, con 70 votos a favor y 47 en contra, entre los que se cuentan dos de los tres representantes de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo y Martha Márquez Alvarado, ambos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
Solamente el senador aguascalentense, Daniel Gutiérrez Castorena, votó a favor del dictamen que fue avalado con el voto mayoritario de su partido, Morena, así como del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social, en medio de críticas de PAN, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Revolucionario Institucional (PRI), quienes advirtieron que impondrá a un “fiscal carnal”.
La iniciativa, que se desprende de la reforma al artículo 102 constitucional, prevé la desaparición de la Procuraduría General de la República (PGR) y la creación de la Fiscalía, un órgano público autónomo encargado de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.
Durante la discusión, los legisladores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano señalaron que el dictamen no garantiza la autonomía e independencia de la Fiscalía General, ya que el dictamen impulsado por Morena, partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, prevé la participación del Ejecutivo Federal en el nombramiento y remoción del fiscal: “un modelo subordinado al poder político’’, en palabras del senador sin partido, Emilio Álvarez.
Por este motivo, las bancadas de oposición demandaron aplazar la votación de la ley orgánica y modificar la Constitución para lograr una fiscalía independiente. El senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, avisó que con un fiscal carnal difícilmente podrá juzgarse a un presidente por delitos de corrupción. Los perredistas Miguel Ángel Mancera, Juan Zepeda y la priista Claudia Edith Anaya se sumaron al reclamo.
La morenista Olga Sánchez Cordero defendió el documento que consta de 64 artículos y 20 transitorios y aseguró que el nombramiento del titular de la Fiscalía General se apegará a los principios de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana, igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución.
Poco después de la sesión, el colectivo #FiscalíaQueSirva emitió un comunicado en el que lamentó que el gobierno de transición ignore el modelo construido en conjunto para una Fiscalía que respondiera a las necesidades que vive el país para lograr avances democtráticos en la seguridad, el combate a la corrupción, la impunidad y la arbitrariedad.
En ese marco, instó a los legisladores de todos los partidos a la reforma constitucional del Artículo 102 conforme lo analizado en las mesas de trabajo. “Exigimos NO reformar la Constitución para militarizar al país y las instituciones democráticas. Exigimos dotar a la Fiscalía General de la República de una autonomía real del poder político, del poder militar y de cualquier otro poder fáctico, a partir de la propuesta creada por los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás”.
