- Primer caso oficial de pederastía investigado por la Diócesis de Aguascalientes
- Aplicó el Protocolo de Protección a Menores, vigente apenas en junio de este año
A través de un comunicado, la Diócesis de Aguascalientes se posicionó respecto a la reciente aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado de un sacerdote acusado de los delitos de violación, corrupción, abuso sexual y atentados al pudor en un menor de edad, al asegurar que fue la misma institución clerical la que lo denunció, a la vez de que aplicó el protocolo existente para estos casos.
El vicario general de la Diócesis, Javier Cruz Muñoz, fue el encargado de dar a conocer este posicionamiento oficial ante los medios de comunicación, al asegurar que desde hace varios meses -sin definir cuántos- tuvieron conocimiento de esta situación, por lo cual fue aplicado el protocolo previsto para estos casos que señala las normas de la iglesia, por lo que se comunicó el hecho ante el ente procurador de justicia, a fin de que iniciara una carpeta de investigación que permita el deslinde de responsabilidades.
“Como medida cautelar se suspendió al citado sacerdote de cualquier actividad ministerial, y a instancias del inculpado, se tramitó ante la Santa Sede la dimisión definitiva del estado clerical, sin que esto impida el curso fijado por la Fiscalía General del Estado”, señaló el vicario, a la vez que apuntó que existe una colaboración directa con la dependencia a fin de brindar la información que les han solicitado para conformar la carpeta de investigación.
Tras reconocer que la Fiscalía encontró en este ejercicio los elementos suficientes para iniciar un proceso penal, que dio inicio con la orden de aprehensión, expresó que existe un compromiso con las autoridades civiles y hay confianza de que se resolverá este caso con apego a derecho.
“Manifestamos que, ante hechos comprobados de abuso sexual cometidos por un clérigo, mantenemos la tolerancia cero y velaremos por la aplicación de los protocolos existentes, como hemos hecho en este caso”, externó el vicario general, quien además fue cuestionado cuántos casos como este atienden en este momento, a lo que no dio respuesta.
Fue hasta el 11 de junio de este año que, en un hecho histórico e inédito, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó un Protocolo de Protección a Menores en el que instruye que todo obispo, sacerdote o agente de pastoral católico tiene la obligación jurídica y moral de tomar todas las medidas necesarias para prevenir conductas de abuso sexual infantil, esto luego del escándalo de pederastia clerical en Estados Unidos y Chile, y tras el compromiso del papa Francisco de “cero tolerancia” ante la pederastia; ya que el protocolo antes existente, se asegura, tenía por objetivo encubrir a los sacerdotes acusados por estos delitos.
